Con el objetivo de incrementar las sanciones aplicadas por delitos de corrupción y extorsión, se presentó al Congreso del Estado una propuesta para condenar con hasta 60 de años de prisión para servidores públicos que cometan estos actos.
La diputada Brenda Córdova Buzani propuso que las acciones de de corrupción y extorsión se consideren como un agravante dentro del Código Penal del Estado de Sonora y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado, con el objetivo de mermar la comisión de estos delitos.
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En ese sentido, se consideraría una falta administrativa grave cuando una o un servidor público soliciten dinero y obligue a otro funcionario a hacer, o dejar de hacer algo, como condición para que siga en su puesto, aplicando en el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
“Que una o un juez soliciten dinero a un secretario que labora en su juzgado para que pueda permanecer en el puesto, o que una secretaria o secretario de estado le exija a un director recursos o solicitará su despido, o que hasta al propio personal sindicalizado se lo pidan o los pondrán a disposición de recursos humanos”, señaló.
De tal forma, la propuesta de la legisladora contempla de cinco a 15 años de prisión y multa de 100 a 800 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) a servidores públicos que realicen este tipo de acciones.
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Sin embargo, la sanción podría aumentar de 30 a 60 años cuando en la comisión del delito intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos o cuando se emplee la violencia física.
Mientras tanto, la iniciativa pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación a fin de darle continuidad al proceso legislativo.
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