El rezago y la marginalidad son los principales problemas a los que diariamente se enfrentan los pueblos originarios de México, y el caso de Sonora no es la excepción, pero estas dificultades se ven exacerbadas y muchas veces explican por qué estas comunidades también son protagonistas de casos de violencia e inseguridad que atemorizan al grueso de sus habitantes.
En la entidad existen un total de nuevo pueblos indígenas reconocidos, tales como Yaquis, Seris, Mayos, Guarijíos, Pimas, Cucapás, Ópatas, Kikapús y Lipan Apache, los cuales experimentan problemas de alimentación, educación, salud, empleo, así como acceso a recursos y servicios básicos, como el agua.
A esto se suma la cada vez más creciente ola de violencia e inseguridad que permea en las comunidades indígenas, pues algunos ejemplos de esto son la desaparición y asesinato de Tomás Rojo, activista de la etnia Yaqui, en el año 2021; y más recientemente, el secuestro de Enrique Robles Barnett, presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Comcaác, junto con otros nueve miembros de la comunidad Seri en Punta Chueca.
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Aunque en el último caso se localizó al líder de la etnia Seri, lo cierto es que se asemeja al caso de Tomás Rojo, en relación con los cuestionamientos y señalamientos que se hicieron respecto al manejo de recursos y los intereses ocultos de grupos relacionados con el crimen organizado.
Atención a los pueblos indígenas
Al respecto, Abel Leyva Castellanos, coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas, mencionó que se ha trabajado en la ampliación de la oferta educativa y el desarrollo de las comunidades a través de proyectos productivos para activar la economía, siguiendo los Planes de Justicia implementados por el Gobierno federal.
“Tenemos una obligación multidimensional de atención a las comunidades indígenas, son actos de procesos humanos importantes y en ese sentido conectamos con las diferentes dependencias, tanto del gobierno estatal como federal, y eso nos permite la posibilidad de tener más diversidad de los modos de atención que tiene la comunidad”, dijo.
Sin embargo, sobre la seguridad en Punta Chueca, especialmente por el caso registrado el pasado 2 de septiembre, cuando un comando armado secuestró a Enrique Robles Barnett y más miembros de la comunidad Seri, donde fueron retenidos en contra de su voluntad durante más de 10 horas, el funcionario manifestó que es competencia de otras autoridades resolver esos temas.
“Es la primera vez en la historia que sucede eso en la comunidad Comcáac y de alguna forma las autoridades están investigando, están desarrollando procesos en los cuales, de alguna manera, no podemos intervenir, hay especialistas en el tema y en ese sentido estamos trabajando”, puntualizó.
Así como en estos casos, también se han dado desapariciones en comunidades yaquis al sur de Sonora, un ejemplo de esto es que en Vícam, municipio de Guaymas, durante el mes de agosto se reportó el hallazgo de un joven sin identificar, con la única seña particular de poseer un tatuaje de Anubis, la deidad egipcia relacionada con la muerte, lo cual fue dado a conocer por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme.
Gracias al trabajo del colectivo, días después se logró identificar al joven como Brandon Alexis Estada, quien era originario de Jalisco, por lo que su familia se puso en contacto con el grupo de búsqueda para recuperar sus restos. Asimismo, durante el pasado mes desaparecieron Édgar, Sergio, José y Jeremías, todos originarios de Chiapas, pero con bastante tiempo trabajando en un campo agrícola de la región. Ninguno ha sido localizado hasta la fecha.
La violencia histórica y el autogobierno
Sobre esta situación de violencia e inseguridad en estas comunidades, Francisco Manuel Piña Osuna, docente de Sociología y Administración Pública en la Universidad de Sonora, resaltó que las condiciones históricas de rezago están relacionadas, y a su vez explican, las modalidades en que el crimen organizado se ha servido de los pueblos indígenas para perpetuar sus actividades económicas y delictivas, valiéndose de diferentes características.
“Evidentemente se vive en condiciones más bajas que el promedio, las condiciones escolares son más bajas que el promedio, las condiciones intrafamiliares también son más precarias y eso aumenta la probabilidad de utilizar la actividad delictiva como un paliativo económico y es un hecho, no es nuevo, no es una tendencia, ni siquiera es una nueva ola de académicos los que determinan esto, desde hace varias décadas se ha confirmado esta explicación de variables”, comentó.
Sin embargo, es necesario matizar la perspectiva, pues tradicionalmente se ha pensado que las comunidades indígenas son enclaves donde los individuos salen para delinquir, pero es necesario advertir que los grupos de delincuencia organizada van a los pueblos indígenas a reproducir actividades delictivas, lo cual se facilita gracias a que estas comunidades se rigen bajo las leyes de usos y costumbres.
“Esta modalidad de autogobierno de los pueblos indígenas suele ser un factor que coadyuva a que, específicamente los grupos de delincuencia organizada trabajen en esos enclaves, se les facilite el trabajo o la delincuencia dentro de esos enclaves, porque el sistema de justicia legítimamente establecido por la Constitución y por los poderes no puede entrar en esas comunidades”, mencionó.
En ese sentido, el especialista destacó que es difícil establecer que en todos los casos las comunidades indígenas sean obligadas a coadyuvar o promover el trabajo de los grupos delictivos, pues en México hay casos documentados (como en Chiapas, Morelos y Michoacán) de acuerdos entre el crimen organizado y los pueblos indígenas para establecer una relación donde ambas partes ganen.
Esto se traduce en que el crimen organizado ofrece pagar una parte de las ganancias a cambio de que se les permita operar, utilizando parcialmente su territorio para transportar, suministrar o esconder mercancías, así como camuflar las actividades ilícitas. Mientras tanto, el Estado no tiene jurisdicción para ingresar en estos lugares.
“No podemos descartar que, si bien ha habido proceso de negociación de parte de los grupos de crimen organizado, también hay que destacar que estos últimos se han aprovechado de sus condiciones de rezago, porque es un área de oportunidad para tener recursos, de mejorar su infraestructura, de mejorar económicamente su calidad de vida; si bien los grupos de delincuencia organizada han logrado negociar y encontrar la manera negociada, tampoco hay que descartar que lo han hecho de manera coercitiva”, agregó.
Por tanto, Piña Osuna puntualizó que, bajo el mismo esquema de autogobierno, los pueblos indígenas pueden verse desprotegidos de la acción del Estado, lo que facilita que los grupos de delincuencia puedan ejercer violencia sobre estas comunidades. De esa forma, es necesario que el autogobierno sea negociado con las autoridades gubernamentales para solucionar la situación de violencia, al menos en el corto plazo.
“Que se están vulnerando derechos que fueron obtenidos por las comunidades indígenas no se puede descartar, porque históricamente se han ganado, y algo que hay que tener en cuenta, que esa mano del Estado para apoyar a las comunidades indígenas en su protección no se extralimite, es decir, es un apoyo, no una jurisdicción, esa es una parte complicada de negociar, porque el Gobierno mexicano al apoyarlos, exigirá que si se permite apoyar, tendrá que permitir juzgar, y desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros, la ley no permite eso. Por eso la acción negociada sería una solución a corto plazo”, destacó.
Sin embargo, a largo plazo, las comunidades podrían volverse territorios de disputa entre las comunidades indígenas, los grupos organizados y las autoridades de gobierno, lo que complica el panorama, ya que la situación de Seguridad Pública es precaria en las comunidades no indígenas.
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“Las condiciones son complejas para los pueblos originarios, a la situación de rezago social que viven, económico, cultural, social, escolar, de salud pública, familiar, valorativa incluso, se le deben sumar los vacíos legales que existen en muchas comunidades y la poca respuesta que pueden recibir expedita, inmediata y efectiva de los órganos de justicia legalmente constituidos, por la misma condición de autogobierno, estos son factores importantes que tanto pueblos originarios utilizan para superar su rezago y que los grupos delincuenciales aprovechan para sus actividades”, concluyó.
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