Grave indignación causa en las familias afectadas por el incendio de la Guardería ABC la paralización del funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a días de cumplirse 11 años de la tragedia.
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Para Adriana Guadalupe Villegas, madre del niño Héctor Manuel, el que más sufrió afectaciones físicas por el siniestro, el recorte es decepcionante pero apenas sorpresivo; si bien es un duro golpe, era de esperarse, considerando tantos amparos ganados en contra de ellos a lo largo del tiempo.
“Si ya hay amparos ganados en contra de la institución por parte de jueces y juzgados entonces tienen que resarcir el daño, no pueden irse con las manos limpias. Es muy cómodo decir: me declaro en bancarrota y ya no puedo cumplir”, recalcó
Esta medida afecta a todas las víctimas de hechos cometidos por algún organismo oficial, no sólo la tragedia de la Guardería ABC, sino los casos como Tlatlaya y Ayotzinapa; la CEAV se encargaba del apoyo psicológico, terapéutico y médico para las familias afectadas.
Villegas acusó a Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV, de mostrar apatía contra todos los usuarios apoyados por la institución pues, según sus palabras: “ella nada más estaba para la foto, nunca atendió a las víctimas y siempre fue un rechazo constante”.
“Es como si tú le ganaras un amparo a una empresa y de repente te dicen que ésta ya no existe, pero la empresa tiene obligaciones por lo que de alguna u otra manera tienen que resarcir el daño”, expresó.
Afectará hasta en lo más elemental: abogado ABC
El abogado Noé Franco, quien representa a nueve familias con un equivalente de 11 víctimas, indicó que, de entrada, las repercusiones de esta decisión se dejarán sentir en cosas tan elementales como el desplazamiento de los padres a la Ciudad de México.
“Los casos ABC ahora están todos ya en la Ciudad de México, por lo que si las víctimas quisieran ir de Hermosillo a la Ciudad de México una vuelta no sale en menos de 10 mil a 20 mil pesos, dependiendo del gasto del avión, la temporada y el hospedaje”.
“Ahora las víctimas tengan que absorber esos gastos, obviamente mermará su economía porque el estado tenía la intención de apoyarlos con los traslados y ahora la CEAV no tendrá posibilidad de hacerlo”, explicó.
Si bien los amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúan sin alteración, la CEAV podría quedar desarticulada y hasta desaparecer físicamente, por el recorte al 75% de sus gastos, sin que de momento haya quien haga frente a atender a las víctimas.
Franco sostuvo que, si bien el Gobierno Federal mantiene su postura al afirmar que la defensa de los derechos humanos no está siendo afectada, el sólo hecho de que se busquen alternativas a la CEAV ya implica la revictimización de los afectados.
Actualmente la CEAV tiene 100 amparos de ABC contra resoluciones para las víctimas, y de ellos, unos 30, se encuentran en total ejecución.