La reforma a la Ley 4, recientemente presentada al Congreso del Estado, recoge las consultas a la comunidad de la Universidad de Sonora y de los sindicatos, por lo que se espera contar con el consenso de todas las partes involucradas, señaló el gobernador Alfonso Durazo.
El mandatario sonorense aseguró que las modificaciones presentada en la iniciativa son el resultado de diferentes consultas al interior de la Universidad, así como al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Status) y al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus).
“Hubo una amplia participación, en el caso, la Ley de Educación establece que cualquier cambio al marco jurídico de una universidad requiere el aval de las instancias universitarias más relevantes, en este caso, la iniciativa cuenta con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno, eso es algo excepcional, también lo es que coincidan en el contenido general de la iniciativa la representación sindical”, dijo.
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Sin embargo, comentó Durazo Montaño, el Congreso del Estado tiene la última palabra en el tema, pues tomará las deliberaciones que considere conveniente y concluirá con lo que a su juicio resulte mejor para la Universidad de Sonora.
“Uno de los objetivos de la ley es garantizar que mediante una participación de la comunidad universitaria, una participación democrática y amplia, se puedan corregir las deficiencias de la Ley 4 (vigente desde principios de la década de 1990) en el sentido de evitar el enquistamiento de grupos de poder en la conducción de la universidad; hay universidades en el país que han estado dominadas por un grupo por más de 50 años, que barbaridad”, agregó.
En ese sentido, el mandatario sonorense resaltó que en caso de aprobarse la iniciativa presentada, se cancelaría la reelección de rector o rectora, mientras que se incrementaría el periodo en el cargo, pasando de cuatro a cinco años, lo que evitaría que se formen grupos de poder para conducir el Alma Mater.
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Asimismo, se proveería de mayor participación de la comunidad universitaria en el proceso de elección para directivos de la casa de estudios, lo que respondería mejor a los intereses generales de la Universidad de Sonora.
Por otro lado, Durazo Montaño afirmó que no existe interés en que el Gobierno del Estado se inmiscuya en los asuntos de las instituciones de educación superior, de manera que se respetará el debido proceso.
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