Este lunes, Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, entregó la revisión a la Cuenta Pública 2020 al Congreso del Estado, donde se registraron un total de mil 473 observaciones a entes estatales, de las cuales, 955 fueron solventadas y 518 quedan pendientes.
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El funcionario del organismo aseveró que, conforme lo estipula la Constitución, se entregó a los legisladores del Congreso local el informe de la Cuenta Pública 2020 del Gobierno del Estado y los 72 Ayuntamientos de Sonora.
“El plazo que tiene el Congreso del Estado para revisar los informes del resultado de la Cuenta Pública vence el próximo 15 de octubre… Para efectos de la Cuenta Pública estatal, tenemos un total de 518 observaciones y son mil 987 observaciones a las Cuentas Públicas municipales, a los 72 Ayuntamientos”, comentó.
En este sentido, mencionó que en comparación con la revisión anterior, durante esta revisión se realizaron más observaciones, sin embargo, los entes estatales tienen un plazo de 30 días a partir de la entrega del informe para solventarlas, por lo que es posible que ese número disminuya.
Asimismo, se aplicaron un total de 56 sanciones a servidores públicos en lo que respecta al gobierno estatal, mientras que en el ámbito de los ayuntamientos, fueron un total de 111 amonestaciones y 39 multas aplicadas a servidores públicos de este nivel.
“Hay que recordar que nosotros estamos presentando una propuesta para calificaciones, lo único que puedo decir es que significativamente tenemos un número menor de Ayuntamientos que presentan una calificación por debajo de 6 en esta propuesta”, señaló Moya Grijalva.
En caso de que los entes públicos no solventen las observaciones en el plazo de 30 días, se procederá a entregar el expediente al área de investigación del ISAF, con lo que se integrará el folio y si existe una responsabilidad derivada de esa indagación y se envía a la Fiscalía Anticorrupción del Estado o a los órganos de control correspondientes.
“La situación de la pandemia fue complicada, en algunas ocasiones los entes públicos suspendieron actividades de manera completa o parcial, y eso complicó todo. A pesar de que se determinó que la fiscalización era una actividad esencial, complicó en algunos casos los procesos de fiscalización.
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“También generó que muchas observaciones no pudieran ser atendidas en tiempo, de tal manera que el número de observaciones que tenemos ahorita se derivan también de una consecuencia de la pandemia”, puntualizó.
