El Gobierno Federal y el de Sonora fueron señalados como responsables de la falta de remediación del ecocidio ocurrido en el Río Sonora en 2014, según una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A raíz de los daños provocados por el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de una solución acidulada de cobre en ese caudal, que pasa por siete municipios por parte de Grupo México, cientos de personas resultaron afectadas en su salud, incluso un número importante falleció por haber consumido agua contaminada, poco se ha hecho para realmente ofrecer una solución al problema, han denunciado habitantes de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
Tras los estudios realizados se ha encontrado que aún hay violaciones a los derechos humanos de los miles de pobladores, ya que no se garantiza que existe un medio ambiente sano, además de que las familias batallan para tener agua potable de calidad, así como una atención médica adecuada, tal y como se expone en la Recomendación 50/2024 presentada en marzo de este año.
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En el documento publicado en el sitio oficial comitescuencariosonora.wordpress.com se detalla que también Grupo México, empresa que fue responsable de la contingencia por no cuidar los protocolos de seguridad en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, es cuestionada por atentar en contra de la estabilidad de los ribereños.
"La CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década. Estas no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad; y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región", pronunciaron representantes de las localidades.
Lamentaron que a pesar de la evidencia que se tiene, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) niega que tenga responsabilidad en el caso, aunado a que obstruye el que se puedan consultar documentos oficiales para ver qué se hizo desde ese entonces.
"Tras entregada la Recomendación, la mayoría de las autoridades señaladas han aceptado su responsabilidad; sin embargo, la Conagua continúa negándola, lo cual va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable", expusieron.
En cuanto a la postura del IMSS-Bienestar, sus directivos justifican que todavía no existían como institución cuando ocurrió esa tragedia ambiental, se cuestiona en el mismo documento, por lo que no hay interés de atender los compromisos mediante las mesas de diálogo que han tenido con los líderes de las comunidades.
"Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que todas acepten las recomendaciones, se coordinen, asignen personas funcionarias de alto nivel y establezcan de forma inmediata mesas de trabajo con nuestra participación activa, las cuales respeten los acuerdos que se han hecho sobre el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, para así poder comenzar las acciones de remediación y reparación cuanto antes, pues llevamos casi 10 años esperando que cumplan sus promesas", agregan los afectados.
Con dicha resolución, la Semarnat, Profepa, Conagua, Secretaría de Economía, Salud, Gobierno del Estado e IMSS-Bienestar deberán coordinarse y trabajar para el cumplimiento del Programa de Remediación, al igual que poner en marcha un mecanismo para garantizar atención médica especializada, acceso a agua potable y lograr la remediación y restitución total conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental.
También se exige un diagnóstico de las prospectivas y avances en la remediación para establecer una ruta puntual de las acciones implementadas a corto, mediano y largo plazo.
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La Semarnat está obligada a desplegar un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación directa de la población afectada, por medio de personas que la comunidad designe para su representación, en el cual se informe con la periodicidad que se acuerde entre las dependencias y la comunidad, los avances en el proceso de remediación hasta alcanzar un estado óptimo de remediación con base en lo dispuesto en el Programa de Remediación para el Río Sonora, en atención a lo ordenado en la sentencia del amparo en revisión 640/2019 de la SCJN, respecto de la participación de la población en la toma de decisiones.
La Conagua deberá implementar acciones referentes al acaparamiento del 57% de agua en la zona por parte de Grupo México, así como el actuar y ordenar investigaciones para que se verifiquen las labores extractivas del consorcio minero en Cananea, para corroborar que no haya más contaminación.
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