Han pasado más de dos décadas desde la lucha de activistas para establecer el cierre del Cytrar, un depósito de desechos tóxicos a las afueras de Hermosillo, Sonora, y los protagonistas de ese movimiento siguen solicitando la atención y monitoreo del lugar.
Una de las personas que encabezó la búsqueda de la justicia ambiental en la capital del Estado fue Rosa María O´Leary, profesional de la Química y activista, quién en la actualidad señala que debe prevalecer la Ley ante casos relacionados al medioambiente, como el del confinamiento de tóxicos.
Tras una investigación publicada por El Sol de Hermosillo donde se da a conocer la reducción de la zona de salvaguarda alrededor del Cytrar, de 5 kilómetros a 5 metros, y la donación de este espacio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Ayuntamiento de Hermosillo en 2017, la ambientalista compartió una carta:
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El Sol de Hermosillo.
Presente.
En días pasados publicaron en su periódico una serie de artículos referentes al basurero tóxico CYTRAR mismo que se encuentra a escasos metros de la mancha urbana.
No es de extrañarme que las leyes se vayan adaptando a los deseos de políticos o empresarios que necesiten adueñarse de predios que inicialmente servían como áreas de resguardo o protección a los habitantes de las ciudades y en éste caso también de protección al Centro Ecológico de Hermosillo.
Me dio mucho gusto leer la opinión de la ecotoxicóloga del CIAD de Guaymas, Son., Yaquelin García Hernández que indica con claridad las medidas que deben de tomarse para permitir asentamientos humanos. De hecho debieron monitorear el aire, la tierra y el agua de los lugares cercanos durante 20 años, cosa que no se hizo nunca.
La autoridad y las empresas inmobiliarias tienen la obligación de informar a las personas que deseen comprar en ese sitio, que ahí se encuentran confinadas toneladas de material tóxico, tiene la obligación la autoridad de monitorear el aire, la tierra y el agua continuamente y estar atentos a cualquier contingencia que se presente. Tienen la obligación de cercar debidamente el antiguo basurero tóxico y colocar barreras verdes es decir sembrar y cuidar árboles que sirven de protección y evitan mayor contaminación.
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Ante la rapiña y la indolencia de autoridades y empresarios, debe de prevalecer la ley, las autoridades de salud deben de tener un lugar protagónico y efectivo ante estos y otros peligros que acechan nuestros pueblos y en este caso Hermosillo, de igual manera SEMARNAT y PROFEPA que si bien en otros tiempos y en la actualidad han demostrado su inoperancia, es indispensable un poco de humanidad. Lo mismo se podría decir a la secretaría de Economía, pero, si a las autoridades que deben tener principios sólidos de humanismo, no lo tienen, pues sería mucho pedir a la Secretaría de Economía, sin embargo igual hay que decirle.
Gracias de nuevo por alertar a nuestros habitantes, ojalá que se corra la voz, y que la justicia ambiental llegue a todo Hermosillo y Sonora, especialmente a donde viven los que sí trabajan, a quienes les venden casas y terrenos a precios de ricos.
El presidente municipal Antonio Astiazarán tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a lo que ordena la ley especialmente que el sitio pertenece al municipio gracias a que la federación “generosamente donó” al que en ese tiempo era presidente municipal Maloro Acosta, los terrenos con todo y tóxicos. Y como siempre Federación, Estado y Municipio fingieron y fingen demencia.
Gracias Adal Navarro, y periódico El Sol de Hermosillo, por su trabajo.
Atentamente.
Rosa María O´Leary.
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