Por Yoanna Romo
Debido a un adeudo de salarios caídos que se tiene con ex empleados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó 40 millones de pesos al Congreso de Sonora.
Pedro González Avilés, presidente de la CEDH, acudió al Poder Legislativo para entregar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos su primer informe de trabajo, el cual corresponde al año 2018.
En su presentación destacó la necesidad de solicitar recursos extraordinarios para pagar a 46 ex empleados que ganaron demandas laborales después de que fueron despedidos sin justificación durante la administración anterior.
Mencionó que el adeudo es de aproximadamente 76 millones de pesos, pero se pueden llegar a acuerdos si el Congreso autoriza dos pagos de 20 millones, cada uno en un plazo de tres años.
“La deuda sigue creciendo día con día porque de todos esos asuntos laborales, las demandas están presentadas con la Ley anterior y día con día los salarios caídos van aumentando”, expresó.
Algunas de las personas que fueron despedidas injustificadamente han vuelto a laborar y renunciaron a sus salarios caídos, añadió, aunque se trataban de casi 11 millones de pesos.
QUEJAS ANTE LA CEDH
En su primer informe, González Avilés también dio a conocer que durante su primer año de gestión la Dirección General de Quejas y Orientación Jurídica recibió mil 356 denuncias contra diversas autoridades por actos que atentan contra la dignidad de las personas.
Detalló que Hermosillo es uno de los municipios con mayor número de quejas ciudadanas, le siguen Caborca, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme, Nogales, Cananea, Navojoa, Agua Prieta y Huatabampo.
De las mil 356, expuso que 551 fueron por incumplimiento del deber legal, 383 por vicios en el procedimiento, 326 por violación de autoridad administrativa, 249 por violación a los derechos de los reclusos, 146 por abuso de autoridad, 141 por detención arbitraria y 104 por la demora en la procuración de justicia.
Además por atención médica fueron 57, negligencia médica 40, tortura 35, dilación en la administración de justicia 31, abuso de autoridad federal 27, violación al derecho a la educación con 25, violación al derecho de petición con 20 e incomunicación con 8, entre otros motivos.
En lo que respecta a autoridades con más quejas, añadió que la Fiscalía General de Justicia del Estado recibió la mayor cantidad con 347, mientras que la Jefatura de Policía obtuvo 242 y los Centros de Reinserción Social con 155.
“Desde el momento en que asumí este cargo lo hice con un sentido de responsabilidad y el firme compromiso de dar cumplimento a los dispositivos legales que regulan a los organismos defensores de los derechos humanos y corresponder a la confianza depositada en mí por la ciudadanía”, compartió.