Con la iniciativa de ley para la agilización de trámites para la apertura de nuevos negocios que fue aprobado por unanimidad en el Congreso del Estado, se facilitará y fortalecerá la competitividad en la entidad.
La mandataria estatal, Claudia Pavlovich Arellano, señaló que se fortalece la reactivación económica e impulsa el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y será un gran impulso para la economía local una vez que termine la condición de emergencia por la pandemia Covid-19.
Reconoció la disposición de los diputados para la aprobación de la iniciativa de esta propuesta que se envió el mes pasado por parte del Ejecutivo a los legisladores, esto como parte del Pacto para que Siga Sonora.
Será integrada como la categoría de incentivos extraordinarios, para actividades de bajo riesgo, que impacta de manera directa a las Mipymes, en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Sonora.
“Es un paso importante para impulsar la reactivación económica en Sonora, era algo que se venía empujando desde hace tiempo y hoy ya es una realidad, por lo que agradezco y reconozco el compromiso de los diputados para aprobar esta iniciativa, para que la apertura de un negocio sea más ágil y que al final vendrá a generar empleos y fortalecer el desarrollo en el estado, dando las mayores facilidades a las personas y empresas que desean reactivar o iniciar un negocio en Sonora y sin perder de vista la seguridad y salud de las y los sonorenses”, apuntó.
Sin embargo, esta modalidad es solamente para empresas de bajo riesgo que no generen impacto ambiental o requiera verificaciones previas por parte de Protección Civil.
También plantea un mecanismo que garantice la apertura inmediata de negocios, con el beneficio de presentar los trámites dentro de los 60 días hábiles posteriores al inicio de operaciones; reducción de plazos legales y aplicación de la afirmativa ficta, que permitiría a empresas que si sus solicitudes de trámites de negocios no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, las consideren aceptadas.
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Enfatizó que se tomó la decisión de modificar la Ley de Mejora Regulatoria para implementar políticas de buena fe que están orientadas a otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con las actividades económicas que desempeñan las personas físicas y morales.
“Esta reforma, sin duda alguna, ayudará a contener los impactos económicos negativos de la pandemia e iniciar la recuperación de la competitividad en todos los municipios, conservar y atraer mayores competidores; en pocas palabras, primero los negocios, los empleos y sus beneficios, y después la burocracia”, concluyó.
