Mientras a nivel nacional se discute la posibilidad de que se extingan varios organismos autónomos, con la intención de generar ahorros en las arcas federales, en Sonora existe un número significativo de esos entes, a los cuales se destina una cantidad importante de recursos.
En total son siete organismos los que están conformados en esta entidad, en los que se realizan acciones de seguridad, asuntos electorales, de transparencia, defensa de derechos, entre otros, que cuentan con bolsas presupuestarias bastante jugosas.
Se trata del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC); el Tribunal de Justicia Administrativa (TJASonora); la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
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Recientemente, durante la discusión de una iniciativa en el Congreso del Estado para los procesos relacionados con los Órganos de Control, se abordó este tema, en el que algunos legisladores resaltaron que cada uno de esos entes cumplen con funciones establecidas y dependen de recursos públicos para existir.
Con base a datos oficiales, este 2024 la FGJE es la que más dinero obtuvo para funcionar, al otorgarle del presupuesto estatal la cantidad de 2,062,211,086 pesos, con la intención de que atienda las responsabilidad en la procuración de justicia.
Le sigue el IEEyPC con los 599,500,135 pesos, debido a que este año se le asignó más recurso para la elaboración de la elección para puestos estatales, que concluyó el pasado 2 de junio con los resultados en diputaciones locales y las 72 alcaldías, así como las regidurías.
El TJA se ubica en la tercera posición de mayor recurso obtenido con los 88,079,393 pesos, que tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; así como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, entre otras atribuciones.
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Después viene el TEE con 74, 422,464 pesos, encargado de conocer y resolver el sistema de nulidades y medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, así como la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales sancionadores en materia electoral; la CEDH con 52, 588,747, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión.
Por último el ISTAI, al obtener 51,473,890 que sirven para gastos operativos y del personal que se encarga de responder a los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el ámbito de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
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