El pasado 02 de febrero se cumplieron dos años desde que el exgobernador de Sonora en el periodo 2009-2015 salió del Reclusorio Oriente de la capital del País, donde permanecía desde noviembre del 2016 para enfrentar un proceso penal en su contra.
A dos años de que está en libertad bajo fianza, el proceso en su contra continúa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Salvador Ávila, vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), señaló que aunque el caso lo lleva la FGR, ellos aún colaboran con cierta información que les es solicitada y todos los procesos continúan, pues no se les ha dado carpetazo final.
"Todas las Investigaciones que se han presentado en la Fiscalía, están vigentes, ninguna Investigación se ha caído, todas las Investigaciones son sólidas, entonces, quien diga que la Fiscalía no funciona, miente, se equivoca, funcionamos y funcionamos muy bien", expuso.
Sin embargo, la velocidad que lleva el caso es la que las leyes actuales permiten, aunque no son necesariamente las que la ciudadanía quisiera, pero es importante aclarar que no ha sido olvidada la Investigación.
Recordó que en un inicio, por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, uso indebido de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias se integró la averiguación previa FAS-I-AP-064/2015.
"Estos son delitos relacionados con el desvío de aproximadamente 160 millones de pesos que se operaron bajo diversas licitaciones al parecer fraudulentas ante la SEC (Secretaría de Educación y Cultura) relacionadas con las empresas Sonora Apparel, Confección Industrial, al parecer, esas empresas triangulaban los recursos mediante depósitos con una empresa denominada Administración de Activos e Inmuebles", apuntó.
Dicha Investigación les fue requerida y a su vez fue la base para la investigación realizada por el Ministerio Público Federal, de la que es hoy la Fiscalía General de la República, antes PGR, con la que sustentaron la consignación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.
Dicho expediente fue entregado a la FGR, pues ejerció su facultad de atracción a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, manifestó, pero han seguido las colaboraciones activas en diligencias que les han sido solicitadas en el marco del convenio de colaboración existente entre ambas instituciones.
"Como son la asistencia para la recopilación de información de dependencias estatales, la elaboración del dictamen emitido por el órgano auxiliar en materia de vitoria forense, se ha practicado la revisión de 19 expedientes relacionados con las licitaciones públicas correspondientes al Programa de Uniformes Escolares, se han revisado las constancias que integran los expedientes que amparan las licitaciones públicas antes referidas, a fin de constatar que los procedimientos se ajustaron a las disposiciones legales", apuntó.
Cómo resultado se han detectado diversas irregularidades que se dieron durante los procesos de licitación desde las convocatorias, aseveró, en el análisis que se dio de los requisitos documentales en la evaluación de las propuestas y adjudicación de contratos; además de que también se detectaron inconsistencias en la redacción con las empresas participantes.
"Derivado precisamente de todo lo anterior y junto con las propias Investigaciones de la Fiscalía General de la República, se siguen actualmente dos procesos, uno por defraudación fiscal y otro por lavado de dinero, ambos ya bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, pero es importante señalar que en todo momento y cuando seamos nuevamente requeridos para participar, a través de los convenios de colaboración establecidos, así lo haremos desde la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora", puntualizó.
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A este tema le queda todavía mucho de que hablar, cabe recordar que la actual gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, catalogó que todos los actos anteriormente mencionados eran una traición y que no estaba de acuerdo con la liberación, esto mediante un tweet de su cuerna oficial.
"Desde el primer día como Gobernadora expresé enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y la sostengo. Hoy, un Juez Federal tomó una decisión con la que no estamos de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses", sentenció.
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