Las principales propuestas que definieron este año legislativo en el Congreso del Estado de Sonora fueron las que involucran los derechos de la mujer y la atención a los servicios de salud a consecuencia de la pandemia por Covid-19.
Mayor castigo a feminicidas
El 26 de febrero, ante el aumento de la violencia hacia las mujeres, el Poder Legislativo aprobó la pena mínima de 45 años y máxima de 65 años a feminicidas, lo cual implicaba 15 años más que la pena mínima y cinco años más que la máxima que anteriormente establecía el Código Penal.
El decreto fue dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la iniciativa presentada por el diputado por el Partido Encuentro Social, Carlos Navarrete Aguirre, quien basó su propuesta en cifras de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ley Olimpia
El 5 de marzo, la gobernadora de Sonora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, presentó su proyecto "Ley Olimpia" en el Congreso del Estado, ley diseñada para reparar daños cuando se vulnere la intimidad sexual de una mujer.
Basada en la ley promovida por Olimpia Coral Melo, el proyecto reconoce la violencia digital como delito y un tipo de violencia contra las mujeres, que se puede manifestar en forma de ciberacoso, cibervenganza, acoso sexual y divulgación de fotografías íntimas.
Tras numerosas revisiones debido a las quejas por parte de agrupaciones feministas a raíz de una figura que no contemplaba la ley original, el 1 de octubre el Pleno del Congreso de Sonora aprobó el decreto en contra de la violencia digital.
Aprueban ley para cambio de género en actas de nacimiento
Ese mismo día el Pleno aprobó cambios a la Ley del Registro Civil del Estado, con los cuales se reconoce que las personas puedan obtener una nueva acta de nacimiento con cambios en su identidad de género y garantizar el desarrollo libre de la personalidad.
La iniciativa propuesta por la legisladora Miroslava Luján López buscaba facilitar la rectificación de la identidad sexo-genérica en las actas de nacimiento y su dictamen fue aprobado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto de decreto fue presentado el 20 de febrero del mismo año y, a pesar de que en un inicio el dictamen no consiguió la votación aprobatoria de las dos terceras partes del Congreso local, consiguió pasar en su segunda lectura.
Lo que nos dejó el Covid-19
Ley de Protección a Personal de Salud
El 27 de mayo fue aprobada por unanimidad la ley que protege a los trabajadores del Sector Salud, luego de que se presentaran instancias en las que algunos miembros de este rubro sufrieran agresiones y discriminación por parte de la ciudadanía.
Quedó establecido que quien cometa un delito en contra del personal de salud, se le aplicarán de uno a cuatro años de prisión, multa de 150 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y de 100 a 250 días de trabajo comunitario, además de la pena que le corresponda por el delito cometido.
La iniciativa fue propuesta por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) con el propósito de reformar artículos del Código Penal del Estado y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.
Ley Zupo
El 8 de agosto, el Partido Verde Ecologista (PVEM) propuso reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sonora para brindar certidumbre laboral a los entrenadores de la Comisión Estatal del Deporte (Codeson).
Esto luego de que el judoka y entrenador de la institución, Claudio Zupo, manifestara su inconformidad luego de que fuera despedido injustificadamente poco después de desarrollar síntomas de Covid-19, enfermedad de la cual moriría días más tarde.
Fue el 17 de diciembre cuando la Comisión del Deporte finalmente votó el dictamen de esta ley, misma que se presentará ante el pleno del Congreso más adelante.
Uso obligatorio del cubrebocas
El 3 de noviembre diputados del Congreso de Sonora aprobaron el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos del Estado tras una iniciativa impulsada por el legislador Luis Armando Colosio Muñoz.
El legislador local explicó que la obligatoriedad en el uso del cubrebocas no sustituye medidas adicionales como el resguardo domiciliario y el salir sólo a cuestiones esenciales, además la iniciativa no incluye multas para el ciudadano que no use esta prenda.
Las que faltaron
Reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora
El 10 de septiembre de 2019 la diputada de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, presentó un proyecto de decreto para reformar la Ley 4 de la Universidad de Sonora, sin embargo este permanece congelado en comisiones desde hace más de un año.
Recientemente, el presidente de la Comisión de Educación, Alonso Montes Piña, aprobó la socialización de la propuesta, algo que fue mal visto por los miembros de la comunidad académica de la Unison que respaldan la reforma.
Prohibición de plásticos de un solo uso en Sonora
El 11 de febrero, el diputado del PAN, Gildardo Real Ramírez, presentó una iniciativa de ley para prohibir la venta de unicel y que las bolsas de plástico en los comercios de Sonora no se regalen.
De acuerdo con el legislador, el unicel es uno de los productos más dañinos que existen en el mundo, el cual desprende toxinas y es imposible de reciclar.
Desafortunadamente, con la llegada del Covid-19, el mismo diputado reconoció que la propuesta tal y como la presentó a principios de año tendría que ser reescrita para adaptarse al nuevo paradigma sanitario.
Matrimonio igualitario
El 25 de febrero, a falta de quórum, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos en el Congreso de Sonora no pudieron dictaminar la propuesta que busca permitir el matrimonio igualitario en el Estado.
El 30 de septiembre volvió a perder la oportunidad de subir al Pleno del Congreso del Estado dicha reforma al faltar un solo voto para que la propuesta de la diputada Yumiko Yerania Palomárez Herrera pudiera ser poder dictaminada.
La ley reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, cuya finalidad es ampliar el concepto de matrimonio para que pueda celebrarse entre dos personas sin importar el género de las mismas.
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Cabe destacar que la propuesta se sustenta en una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
