Varios servidores públicos han sido suspendidos de sus laborales en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), debido a que se encontraron irregularidades en la licitación para la compra de libros escolares de la institución, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que tras profundizar en las investigaciones, llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado de Sonora, se ordenó la suspensión de todas las personas que participaron en el proceso de licitación, mientras continúa la indagación.
“Ya hay una denuncia interpuesta por el Gobierno del estado ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), para que las dos instancias hagan su chamba y lleguen hasta las últimas consecuencias, esto nos sirve para que mis colaboradores sepan como voy a actuar ante la eventualidad de una irregularidad administrativa”, afirmó.
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Si no existe responsabilidad, los servidores tendrán que asumir su responsabilidad y pagar las consecuencias, aseguró Durazo Montaño, pues una de las vertientes más importantes del gobierno es ejercer la transparencia y combatir a la corrupción.
FAS y FGJE investigan el caso: Contralor
Por su parte, Guillermo Noriega Esparza, contralor del estado, señaló que un total de cinco servidores públicos han sido suspendidos provisionalmente de sus labores en el Cecytes como medida cautelar, quienes condujeron el proceso licitatorio en el primer semestre del 2022.
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“En una primera instancia nos abocamos a revisar la existencia o no a precios de 2 mil pesos como se había señalado, la revisión de la factura de esta adquisición arrojaba que no había libros de 2 mil pesos como tal; sin embargo, de la revisión del expediente que se dio a partir de ese momento encontramos una serie de hallazgos que nos hacen presumir que hay otras irregularidades de manera más profunda”, comentó.
En ese sentido, agregó el funcionario estatal, la medida cautela permitirá que las investigaciones fluyan adecuadamente, mientras que se llevan a cabo tres investigaciones, una en la Fiscalía General de Justicia del Estado, por una presunta falsificación de una firma; una ante la FAS, por posible uso de una empresa fachada, y otra dentro de la Contraloría para determinar la cadena responsabilidades de los servidores públicos.
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