De dos a 15 años de cárcel para quienes practiquen terapias de conversión en Sonora, es la propuesta enviada al Congreso del Estado para eliminar los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig) al ser consideradas como un tipo de tortura y que va en contra de los derechos de la comunidad LGBT+.
En la pasada sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo Llanes, presentó la iniciativa a nombre de diferentes colectivos de la comunidad LGBT+ para eliminar los Ecosig, también conocidos popularmente como “terapias de conversión”, las cuales han sido señaladas en varias ocasiones por sus métodos, vulnerando derechos y libertades humanas.
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“Esta iniciativa surge desde sociedad civil, impulsada a través de la difusión del cortometraje "Para: Sarah", filme que denuncia las mal llamadas terapias de conversión realizado por la cineasta sonorense Erica Salinas Castillo, sobreviviente Ecosig, y más recientemente como reclamo ciudadano de más de 12 mil personas que asistieron a la Marcha del Orgullo, cuyo lema este año fue "Nada que curar, No más Ecosig en Sonora”, dijo.
En ese sentido, la iniciativa buscará castigar con cárcel de dos a 15 años a quienes lleven a cabo terapias de conversión con la intención de “corregir” las preferencias sexuales y de identidad de género de las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado.
Asimismo, se aplicará el doble de sanción a quien someta a niños, niñas y adolescentes o personas con alguna discapacidad, por no poder comprender el significado del hecho o de resistirse al sometimiento.
“De manera urgente nos debemos alinear a los trabajos de la ONU, pues la discrimanción por motivos de orientación sexual y de identidad de género en México y en Sonora no debe de existir, tenemos que tomar acciones firmes y ser contundentes para erradicar este tipo de acciones, no podemos seguir permitiendo este tipo de tortura que de manera legal se practica en nuestra sociedad”, agregó Trujillo Llanes.
Entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Baja California, Puebla e Hidalgo han reformado su legislación para modificar el Código Penal para respetar los derechos humanos, recordó la diputada.
