El servicio del transporte urbano en el Estado de Sonora y particularmente en la ciudad de Hermosillo es un tema prioritario para la ciudadanía en general, pues es una de las principales opciones de movilidad para realizar las actividades cotidianas.
Desde el año 2007, la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa) empezó a hacerse responsable de la prestación del servicio, justo cuando se implementó por primera vez el sistema de cobranza por medio de tarjetas electrónicas.
Dicha transición también trajo consigo unidades de transporte más modernos, lo que prometía una mejoría significativa en la calidad del servicio.
A once años de aquel suceso, el servicio de transporte de Hermosillo se encontraba en condiciones deplorables, por lo que el Gobierno del Estado optó por revocar la concesión a dicha empresa y tomar “el toro por los cuernos”, es decir, rescatar y prestar el servicio en condiciones óptimas luego de una requisa de unidades.
Sin embargo, antes de la revocación, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma para la Ley de Transporte, la cual tenía como objetivo “municipalizar” el servicio.
La propuesta contemplaba la eliminación de la Dirección Estatal de Transporte, el Consejo Ciudadano del Transporte y el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), y que los municipios tomaran la responsabilidad de operación de las rutas del transporte urbano.
Luego de que se abordara en la Comisión del Transporte del Congreso local y que algunas organizaciones se manifestaran en contra de la propuesta, los diputados de la anterior legislatura desecharon el tema el día en que se aprobaría.
Posteriormente, el pasado mes de agosto, el Sindicato de Choferes emplazó a huelga a la empresa Sictuhsa ante la falta de pago de los concesionarios del transporte en las prestaciones de seguridad social como IMSS, Infonavit, Caja de Ahorro y Fonacot; sin embargo, el estallamiento no se llevó a cabo por un acuerdo económico entre la empresa transportista y las autoridades.
Ya bajo la consigna de “Este Gobierno Tampoco Cumple”, los concesionarios hicieron paro de sus labores el 4 de septiembre, lo que ocasionó el caos y la molestia tanto de los usuarios como de las autoridades y organizaciones involucradas en el tema.
José Luis Gerardo Moreno, presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), señaló que el motivo del paro fue que la situación económica que atravesaban por el incremento en los insumos como el combustible ya era incosteable, por lo que exigían un nuevo aumento a la tarifa.
Además, aseguró que el Gobierno estatal no había terminado de pagarles los subsidios de los estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad.
Por su parte, el director general del Transporte en Sonora, Carlos Morales Buelna, informó que el Gobierno del Estado había otorgado cerca de 640 millones de pesos en lo que va de la presente administración para que brindaran un servicio eficiente y con puntualidad a los usuarios, pero que hasta ese momento no se había logrado.
Un mes después, el Poder Ejecutivo Estatal revocó la concesión a la empresa Sictuhsa y requisó más de 200 unidades del transporte público para así hacerse responsables de la prestación del servicio.
Morales Buelna comentó en su momento que bastaría cuatro meses para que las mejorías en el servicio se empezaran a notar, sin embargo, a más de dos meses de la requisa, organizaciones como Vigilantes del Transporte y la Unión de Usuarios consideran que no hay avances significativos.