El investigador de la Coordinación de Desarrollo Regional, Luis Huesca Reynoso y la alumna del doctorado en Desarrollo Regional, Linda Llamas Rembao, quienes en días pasados reciberon un reconocimiento nacional, señalaron la urgencia de incrementar el salario mínimo en México.

El académico y la estudiante del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) ganaron el segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2018.

Con el seudónimo “Los asalariados”, presentaron el trabajo denominado “La posibilidad de mejora salarial en México: costos e impactos en pobreza”, el cual fue elegido de entre 416 trabajos que aplicaron en la octava edición del premio.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados organiza el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.

En el estudio realizaron diversas simulaciones para identificar qué sucedería si los salarios en México tuvieran un nivel superior al actual.

Para dicho propósito, analizaron una propuesta de incremento equivalente a dos y tres veces del salario mínimo actual de 88 pesos, es decir, que la remuneración inferior límite fuera de 176 y 270 pesos, respectivamente.

De acuerdo con el resultado del estudio, los investigadores encontraron que eso no ocasionaría un impacto inflacionario en la economía nacional.

Asimismo, señalan, con este aumento se alinearía el salario mínimo con el umbral considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se indica que quien gana menos de tres salarios se encuentra en un estado de pobreza laboral.

Encontraron que los salarios en el sector informal también crecerían, pues en el mercado laboral habría mayor competencia en sueldos, por lo que se deduce que habría más personas interesadas en conseguir trabajos formales.

Además, que los patrones tendrían que pagar mejores sueldos, lo que redundaría en una formalización de la economía.

Analizaron, además, cómo dicha medida mejora la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que actualmente el 40 por ciento de los asalariados reciben apoyo en el pago del impuesto -subsidio al empleo-, lo que representa un costo fiscal.

La investigación reveló que un incremento salarial de dos salarios mínimos reduciría este subsidio al 16 por ciento de los trabajadores, mientras que en el escenario de tres salarios la disminución sería de ocho por ciento.

Reducir este costo fiscal dotaría al estado mexicano de una mayor capacidad recaudatoria, al mismo tiempo que disminuiría la pobreza laboral del país, hasta un nivel de nueve por ciento en las zonas urbanas y rurales.

Las medidas propuestas representarían, en gran amplitud, casi la desaparición del subsidio al empleo y constituirían un costo de vida más realista respecto al que se vive actualmente en México.

Los autores del estudio galardonado comentaron que de acuerdo con cifras del Observatorio Laboral de los Salarios de la Universidad Iberoamericana, siete de cada diez mexicanos ganan entre cero y tres salarios mínimos.

El estudio proporciona elementos para justificar que el incremento a los salarios se realice solo a los trabajadores que no ganan un nivel superior a dos y tres salarios mínimos en el corto plazo.

Para ejemplificar la desigualdad con la que es tratado el trabajador mexicano, exponen que la productividad laboral en el sector manufacturero del país ha crecido un 20 por ciento en la última década, mientras que los salarios cayeron un diez por ciento.

Los autores del estudio esperan que estos hallazgos sean considerados como una emergencia por parte de la agenda legislativa federal y sean de las primeras políticas por aplicar.

Consideraron que, si se retrasa esta decisión, para realizarla gradualmente a lo largo del sexenio que inicia, podría resultar costoso al fortalecimiento del mercado interno y postergar más el crecimiento económico de México por encima del cuatro por ciento.