Pese a realizar diversas protestas en contra de la operación del servicio de Uber y otras empresas similares, los taxistas de la entidad no han sido escuchados por el Gobierno de Sonora.

Señalan que existe una competencia desleal, ya que ellos están sujetos a pagar por una concesión, pagar permisos y cumplir una serie de requisitos que le exige el Estado.

En días posteriores comenzarán a interponer demandas por la violación de la ley que regula el servicio del transporte además de exigir que todo sea regulado.