De manera unánime el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen mediante el cual se reconocen los derechos de pueblos originarios y afromexicanos en la Constitución Mexicana; “una deuda pendiente”, consideraron legisladores de todos los partidos políticos.
En una sesión vespertina y pasadas las 17:30 horas, las y los senadores iniciaron la discusión en la que dieron luz verde con 128 votos al dictamen en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos para que éste sea enviado a los congresos locales de las 32 entidades del país, en donde tendrá que ser aprobado por más de la mitad de las legislaturas locales para su trámite final.
Al presentar el dictamen, la senadora de Morena Ernestina Godoy destacó que la “reforma recoge varios temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos, y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado mexicano; establece que nuestra nación está basada en la grandeza de sus pueblos y cultura, que tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas y afromexicanos”.
Hoy estamos haciendo un esfuerzo por desmontar desde nuestro mandato constitucional estas estructuras de dominación y exclusión que han perdurado.Ernestina Godoy.
El debate incluyó las voces de senadores y senadoras autodenominadas como indígenas o afromexicanas, como Beatriz Mojica Morga, Edith López Hernández y Antonino Morales Toledo, quienes participaron en la tribuna hablando su lengua originaria.
La legisladora Reyna Celeste Ascencio Ortega incluso rompió en llanto al recordar la participación de las comunidades indígenas en todos los procesos históricos del país como la Independencia de México; y su presencia hasta la actualidad.
Aunque la iniciativa se aprobó por unanimidad, en el debate senadoras como Mely Romero del PRI, no escatimaron en denunciar la injusticia de las reducciones presupuestarias que han sufrido los recursos destinados a atender a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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Legisladoras como Mayuli Martínez del PAN destacó que con la reforma se hace justicia a más de 25 millones de mexicanos y mexicanas que se autodenominan como integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas.
La senadora del Partido del Trabajo Lizeth Sánchez García dedicó su discurso a las mujeres indígenas, a quienes calificó como “las madres de esta nación, madres milenarias que han forjado con sus manos el alma de México”. Asimismo, agregó “a nosotras, sus hijas, nos toca ser las hijas agradecidas, nos toca honrar su pasado, construir sobre su legado y luchar por un México donde florezca la justicia y el respeto por nuestras raíces”.
¿En qué consiste la reforma sobre los pueblos indígenas y afromexicanos?
El proyecto de reforma constitucional, es una de las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado. Entre las modificaciones a la Carta Magna se establece en el artículo 2 constitucional que México “tiene una composición pluricultural y multiétnica”.
Con ello, se reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como aquellas que son parte de una unidad social, económica, y cultural, que están asentadas en un territorio del país, y además cuentan con sus propias autoridades y sistemas normativos.
La reforma dota de personalidad jurídica, patrimonio propio e identidad cultural a las comunidades. Es decir, que por norma constitucional, los pueblos indígenas y afromexicanos tienen el poder de decidir sobre su propia organización y modo de vida.
Además, se obliga a las autoridades de todos los niveles a consultar obligadamente a dichas poblaciones en caso de que se implementen proyectos o medidas administrativas o legislativas que puedan alterar su vida cotidiana.
Desde Movimiento Ciudadano, senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas y Daniel Barreda también defendieron en la tribuna de la Cámara Alta la aprobación de la reforma. El neoleonés pidió “no soltar el tema, no soltar a nuestras comunidades, no soltar nunca la obligada labor de justicia que el pueblo de México nos exige y nos reclama”.
Por su parte, Barreda celebró que “la reforma no solo es una actualización de nuestro marco legal, sino un acto de justicia social e histórica para nuestros pueblos indígenas y afromexicanos que han sido marginados por años”.
Otro cambio al artículo 2 de la Constitución contempla que las comunidades originarias y afromexicanas podrán participar en la construcción de modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de México.
Esto se traduce en la promoción de la cultura y las lenguas indígenas, la medicina tradicional como la partería, prácticas alimentarias, trabajo comunitario y el respeto a sitios sagrados para cada comunidad.
Los cambios constitucionales establecen, además, garantías a los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes de las comunidades a tener una atención adecuada en sus propias lenguas, acceso a la educación, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y el trabajo.
Aunque se presentaron tres reservas a las modificaciones que contempla la reforma, ninguna se aprobó. No obstante, la priista Claudia Anaya Mota, una de las autoras de una reserva y a sabiendas de que ésta sería desechada, pidió que en un futuro y con voluntad política se contemple una modificación al apartado de la iniciativa en que se establece quiénes deberán pagar las consultas indígenas.
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El resto de las reservas, presentadas por los senadores Miguel Márquez Márquez del PAN y Amalia García Medina de MC, fueron refutadas por el pleno de la Cámara, por lo que el dictamen quedó sin modificaciones, tal como salió de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. La reforma se envió a los Congresos estatales.
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