Los partidos de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, consideraron en que es un gran error el decreto del presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores, pues aseguran que lo único que generará es el mercado negro.
El Partido Acción Nacional consideró como urgente que el Congreso regule los vapeadores, que hoy se comercializan en total ilegalidad y sin supervisión sanitaria.
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El Presidente de la República ha decidido iniciar una cruzada en contra del vapeo firmando un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de estos productos.
Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario López Gatell argumentan que las padres y madres no están suficientemente informados sobre los estragos de estos productos que, contradictoriamente, se encuentran regulados en más de 60 países.
Aseguran que autoridades sanitarias de reconocido prestigio en distintos países no sólo regulan los vapeadores, sino que promueven activamente que sus fumadores dejen el cigarro convencional y migren a estas alternativas, porque la evidencia científica ha demostrado que son menos dañinos.
El presidente se contradice al querer regular el cannabis, pero le impone una prohibición a cinco millones de vapeadores, según sus propias cifras; utiliza como única evidencia de daño un estudio realizado en Estados Unidos cuya conclusión fue publicada hace más de un año negando que la nicotina pueda ser la causante de la presencia de Acetato de Vitamina E, dado que simplemente no se encuentra presente en ésta.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano señala que han impulsado la regulación de los vapeadores de manera integral, pues el coordinador Jorge Álvarez Máynez presentó una iniciativa en la LXIII Legislatura y en la actual los representantes ciudadanos Sergio Barrera y Salomón Chertorivski propusieron una regulación responsable.
La bancada naranja en la Cámara de Diputados lamentó la decisión de Andrés Manuel López Obrador sobre la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos, ya que es una decisión unilateral que afecta a cerca de un millón de consumidores que han encontrado, en estos productos, alternativas para dejar el cigarro.
Prohibir las alternativas al cigarro convencional fomenta un mercado ilícito y es que durante años, la falta de un marco regulatorio ha incentivado la comercialización de estos productos a través de una red de comercio fuera de toda ley, lo que ha ocasionado que exista un total desconocimiento sobre las sustancias que ingieren los consumidores y los procesos de fabricación de los componentes, por lo que la actual medida del Gobierno aumentará el mercado ilegal de estos productos.
Además, al estar prohibidas las alternativas como vapeadores y cigarrillos electrónicos será imposible controlar su venta ilegal en páginas de internet, redes sociales, calles, bares y escuelas. Sin este control, cualquier persona que pueda pagar el precio podrá tenerlo en sus manos, inclusive si se trata de menores de edad.
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Asimismo, señala el partido, se pierde una enorme oportunidad de recaudación fiscal para la Hacienda Pública del país, que podría invertirse con fines de salud de manera preventiva. Además, tampoco se contempla la recaudación para resarcir el inminente daño medioambiental ocasionado por los residuos como baterías de litio, plásticos y otros componentes químicos, propensos a dañar el ecosistema natural.
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