La Secretaría de la Función Pública demandóa la Procuraduría General de la República, laAdministración Pública Federal y a las unidades deresponsabilidades de las empresas productivas del Estado,"abstenerse de infringir las disposiciones legales en materiaelectoral".

La titular de esta dependencia, Arely Gómez, puso adisposición de las dependencias el Sistema Integral de Quejasy Denuncias de la SFP, para que reporten a la FiscalíaEspecializada para la Atención de Delitos Electorales, sobreposibles irregularidades con fines de proselitismo electoral.

Además, encomendó a los Órganos Internos deControl y al área de Denuncias e Investigaciones, cumplan consu tarea de vigilancia y prevención en el marco del procesodemocrático más grande de la historia en México.

El fortalecimiento y desarrollo de la democracia mexicanarequiere que los procesos electorales sean transparentes, por loque los servidores públicos deben observar en eldesempeño de su empleo, cargo o comisión, los principiosde disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, como loseñala la Ley General de Responsabilidades Administrativas,concluye el oficio.

La dependencia pública envío una carta en la queexhorta a los servidores públicos a no transgredir la ley enmateria de propaganda gubernamental, evitar influir en la equidadde la competencia electoral y aplicar de forma imparcial losrecursos públicos.

De acuerdo con la la ley, los servidores públicos no puedenamenazar a sus subordinados para que participen en eventosproselitistas de precampaña o campaña, para que voten ose abstengan de votar por un candidato, partido político ocoalición.

Tienen prohibido condicionar un servicio público o unprograma, la entrega de concesiones, permisos, licencias,autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización deobra pública, a cambio de que las personas a su cargo eliminensu voto.

Tampoco pueden obligarlos a prestar servicios o apoyosmonetarios a algún candidato. Asimismo, serán sancionadosen caso de que omitan u obstruyan la fiscalización de losaspirantes a un cargo de elección popular.