Ciudad de México.- A 21 años de la Masacre de Acteal, ocurrida en el municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, y en donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados a manos de 60 paramilitares, su dolor sigue y se multiplica: En todo el país crecen las agresiones para que la gente abandone sus tierras, ya sea por conflictos políticos, territoriales y fundamentalmente por amenazas del crimen organizado, las cuales, detallan defensores de Derecho Humanos son un cáncer silencioso del que no hay cifras certeras ni un marco jurídico para terminar con él.
Datos de organismos defensores de Derechos Humanos consideran que desde el 2006 y hasta el 2017, hay 329 mil 917 personas desplazadas de sus hogares en el territorio nacional por diversas razones; sin embargo, otros organismos, consideran que la cifra ya ronda en un millón, pero debido a las condiciones en las que se da el fenómeno, más la ausencia de leyes que lo tipifiquen como delito, invisibiliza a las víctimas, y señalan que hay familias enteras en comunidades alejadas que desaparecen sin que nadie se dé cuenta del desplazamiento.
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Eva Méndez Núñez, es un indígena tzetzal desplazada, y forma parte del colectivo Caravana de los Pies Cansados de Chiapas, la cual agrupa a 381 personas que sufren su misma condición en las regiones de los Altos y Selva de Chiapas, viviendo hacinados en la capital del Estado, sin la mayor ayuda, desde hace 10 años que fue expulsada. .
A Eva, la corrieron con su familia las autoridades locales de su comunidad para despojarla de sus tierras, ubicadas en el Ejido Cintalapa, Municipio de Ocosingo, Chiapas. En el despojo participaron grupos de paramilitares que encabeza, señala Eva, Herlindo López Pérez, quien ostenta el cargo de regidor en ese municipio. Eva recuerda que a los dos únicos hombres de su familia les acusaron falsamente de homicidio y los encarcelaron de manera injusta con la participación de las autoridades locales, detalla.
Ese fue el origen de sus problemas, lamenta, y narra que luego de eso, sólo quedaron en su familia, las mujeres. Sus agresores aprovecharon esto, y se introdujeron a su vivienda para violar tumultuariamente a dos de ellas, para enseguida, retenerlas a todas, y llevarlas a la Casa Ejidal, donde la extorsionaron y amenazaron con que si no pagaba 25 mil pesos, quemarían viva a su familia. Tras dar el dinero, cuenta que subieron a su familia a una camioneta de protección civil y los llevaron a la cabecera municipal de Ocosingo. Desde entonces, exige la reparación del daño y volver a su comunidad.
Con el inicio del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) contra el Estado mexicano, se recrudeció la política de control hacia los pueblos indígenas, el Ejército asesoró a grupos paramilitares en municipios afines al régimen del entonces presidente Ernesto Zedillo para combatir a los pueblos y comunidades que simpatizaban con el EZLN, lo cual derivó en que más de 80 mil pobladores, practicamente todos indigenas chiapanecos, tuvieran que abandonar sus comunidades, en el caso de la comunidad de Las Abejas, en Acteal, municipio de Chenalhó, no hubo oportunidad de huir para muchos: mientras se encontraban en ritual de oración los paramilitares atacaron a sus pobladores, asesinando a tres años después del levantamiento, el 22 de diciembre de 1997, hace 21 años, un grupo paramilitar de 60 hombres atacó la comunidad de las Abejas del poblado de Acteal, en el municipio de Chenalhó.
En México, durante los últimos 50 años, se mantiene sin parar el problema de pobladores que huyen de sus casas para salvar su vida, debido a amenazas, abusos sexuales o hechos violentos entre criminales. A este éxodo violento al interior de una nación se le llama “Desplazamiento Interno Forzado (DIF)”.
De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, el DIF en el territorio mexicano se da en los últimos años por disputas entre criminales o sujetos que coaccionan a la población para despojarle de sus tierras; también pueden estar motivados por conflictos de orden religioso o político-electoral.
La guerra por la amapola en Guerrero
En la década de 1970, durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”, el Gobierno federal y diversas autoridades locales, mataron o persiguieron a grupos insurrectos a través del Ejército y paramilitares, lo que provocó el desplazamiento forzado de poblaciones enteras en diversas zonas del país, principalmente en el Estado de Guerrero, desde entonces ese estado es tierra fértil para que operen libremente diversos grupos armados.
En estos días, en la región de la Sierra guerrerense, a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, 10 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, viven entre una batalla que libran diversos grupos de narcotraficantes que tratan de controlar el cultivo de la flor de amapola, y con la que producen desde hace años en la zona, la heroína que llevan a Estados Unidos.
En la población de Filo de Caballos, de Leonardo Bravo, la señora Erika Mejia Esquivel, denunció que la policía comunitaria de Tlacotepec, del municipio de Heliodoro Castillo, la obligó a abandonar su casa, y acusó que este grupo tiene nexos con el narcotráfico; además, aseguró que Humberto Moreno Catalán, líder de esta misma policía comunitaria de Tlacotepec, es el responsable de encabezar la quema de casas, robos y saqueos en Filo de Caballos que actualmente sucede en esa parte de la Sierra. .
Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C., en Chilapa de Álvarez, señala que, sólo en el Municipio de Leonardo Bravo hay más de 6 mil desplazados, pero las condiciones en las que se está dando la expulsión de la gente la “invisibiliza”, y huyen de Guerrero de manera masiva por los enfrentamientos que se dan desde 2011 con el crimen organizado, y narra que los pocos habitantes que quedan son ocupados para trabajar en el cultivo la flor, pero todo indica, dice, que también el propósito es “despoblar los territorios” con fines de explotación minera, y que no haya ninguna resistencia en esos lugares.
Aunque recuerda que en Guerrero desde 2014 hay una ley general sin reglamentación que previene el desplazamiento, pero no tiene ni siquiera una comisión que atienda estos casos, y la Comisión de seguimiento de Derechos Humanos que depende de la Secretaría General de Gobierno del Estado, no tiene recursos para atender a los desplazados, dentro de los que hay casos de familias hasta con 6 años sin poder retornar a sus comunidades en el Estado, revela. .
Recuerda que, hace 8 años, el primer desplazamiento en el Estado de Guerrero que documentaron, se trató de 50 familias de la zona de Coyuca de Catalán, y desde entonces la espiral de violencia no ha cesado: el 4 de noviembre alrededor de 70 personas de 17 familias de la comunidad indígena de Tlaltempanapa, Municipio de Citlala, huyeron en la noche porque un grupo de sicarios les dio un ultimátum de 5 días para abandonar sus viviendas o los matarían; Olivares explica que ahora estos 70 indígenas están en la cabecera municipal de Copalillo.
Recuerda que tan sólo en la comunidad de Campo de Aviación, del Municipio de Leonardo Bravo, los criminales desplazaron a mil 680 personas que se alojaron con otros refugiados en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, pero señala que sólo quedan 800 personas ahí, y el resto migró a otros lugares, incluso como indocumentados a Estados Unidos.
Crescencio Pacheco González es uno de los campesinos productores de amapola de Campo de Aviación, que fue expulsado por los criminales el pasado 11 de noviembre, y él, responsabiliza a la policía comunitaria como uno de los grupos armados que perpetraron los desplazamientos en la región amapolera. Explica que se mantiene en zozobra pues no hay comunicación telefónica a Campo de Aviación y no sabe qué es del resto de los suyos: “no sabemos la situación que se está viviendo dentro de nuestros pueblos, ya que es una mínima (sic) de personas que están dentro”.
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El hombre se cuestiona por qué los criminales los expulsan de sus propias tierras, “¿si en verdad nos quisieran como campesinos pues no nos desplazaran (sic)?, aquí hay grandes intereses del estado con los grupos antagónicos que hay en la zona”, acusa.
Añade que los campesinos de la región quieren trabajar dentro del marco legal que ofrece el ahora el gobierno, y no desean apoyar a criminales, pero revela que los agricultores sufren ataques de parte de presuntos policías comunitarios, “a nosotros nos ha embestido esta policía comunitaria, entre comillas -que bien es narcocomunitaria-, el gobierno del estado lo sabe perfectamente”, explica, mientras relata que estos grupos armados “usan a la población de carne de cañón” en los enfrentamientos contra sus adversarios.
Medidas para detener el DIF
Debido a que el desplazamiento forzado, generalmente, se presenta en en lugares lejanos a las ciudades, y en el que los responsables están ligados a algún grupo criminal o autoridad oficial, es sumamente difícil tener certeza de cuánta gente huye para salvarse de una amenaza de este tipo. Los especialistas hablan de una “invisibilización” a este fenómeno, y por ello, destaca que el Estado no cuenta con una cifra oficial para medir el DIF, y los datos entre instituciones contrastan.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su “informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México” presentado en el 2016, señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con más 20 mil desplazados, luego los estados de Chihuahua, Durango, Veracruz, Sinaloa, seguidos del estado de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
Datos de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) indica que, de 2006 a 2017, unas 329 mil 917 personas en nuestro país han sido desplazadas de manera forzada de su lugar de origen; aunque otras cifras, con base en reportes periodísticos indican que durante el periodo de la Guerra contra el Narco emprendida por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) hubo 700 mil desplazados en la República.
La CMDPDH, detalla que los estados con más episodios de DIF, desde hace un año, son: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca; pero Chiapas es el estado en el que más personas son desplazadas.
Además, pocos son los recursos legales para darle seguimiento judicial a este delito, es hasta esta legislatura, que el diputado federal por Chihuahua, Sebastián Aguilera Brenes presentó una iniciativa que propone tipificar el DIF como un delito del orden federal, en el cual plantea que se castigue con 6 a 12 años de prisión a todo aquel que por medio de la fuerza obligue a alguien dejar su lugar de residencia y también contempla que el Estado debe prevenir y proteger a las víctimas por desplazamiento, y argumenta que “no existe en México la normatividad que reconozca el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones de derechos humanos y que a su vez lo sancione penalmente”.
Detalla que su preocupación nace, porque en su estado, Chihuahua, los indígenas rarámuris están siendo víctimas de principal de este mal de manera creciente y dramática en la sierra Tarahumara, dominada por criminales.
