Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en México es de origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad, advirtió la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Leticia Merino Pérez.

Al participar en el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones explicó que los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen de manera ilegal.

Ante esta situación, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó la necesidad de conservar estos ecosistemas, ya que están en franco deterioro.

Recordó que 60 por ciento del territorio nacional es forestal, sin embargo, el país carece de una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad, entre otros.

Por otra parte, más de 60 por ciento del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros, por lo que “representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica”.

Recordó que los bosques prestan servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales.

Por ello, a nivel social las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”. Gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque.

La antropóloga aclaró que dos millones de hectáreas de bosques, que representan 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.

Sin embargo, recordó que existe un fuerte problema y que deriva en un clandestinaje forestal, el cual tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales.

Advirtió que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.

Respecto al tema de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento.

El objetivo es que “la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”, subrayó Merino Pérez.

Por ello, es indispensable que las comunidades rurales se involucren, ya que son éstas las que conservan 25 por ciento de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, añadió.