Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuestos por tres presidentes de la República, han tenido en sus manos los expedientes y el futuro del caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, desde la tragedia el 5 de junio de 2009.
Desde su investigación hasta las reparaciones del daño son los aspectos que han abordado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano. Se trata de su ahora presidente, Arturo Zaldívar y de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá quienes, con diversidad de argumentos han definido o definirán aspectos relevantes del caso.
Ellos han tenido la responsabilidad de formular proyectos de sentencia y convencer a sus pares con el fin de acercar la justicia a las familias que perdieron a 49 de sus hijos ese 5 de junio de 2009 y dejaron a otro número importante de lesionados, con secuelas de por vida.
En junio de 2010, gracias a la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que en ese entonces tenía, el máximo tribunal tuvo la primera oportunidad de conocer y profundizar en los hechos del incendio que mató a 49 niñas y niños.
Fue el ministro Arturo Zaldívar, nominado por el entonces presidente Felipe Calderón, quien propuso a la Corte establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, esto no se logró.
“No puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”, señaló Zaldívar.
Pero el pleno de la SCJN en las sesiones del 14, 15 y 16 de junio de 2010 tuvo por suficiente la investigación, señaló autoridades responsables, realizó recomendaciones mínimas a las instituciones involucradas y ordenó que se continuara con el procedimiento penal correspondiente. Ningún funcionario de alto nivel fue sancionado.
Pasaron nueve años desde el incendio y las familias de los niños fallecidos exigían justicia, fue así que jueces y magistrados federales dictaron sentencia de prisión contra 19 funcionarios de rango menor involucrados. Las condenas fueron impugnadas y el caso regresó a la Corte por esa vía.
En esta ocasión correspondió al ministro Jorge Pardo, quien hizo uso del ejercicio de la facultad de atracción para que en la SCJN se revisaran las sentencias, esto fue avalado por los integrantes de la Primera Sala al considerarse que el asunto posee interés y trascendencia para el sistema de justicia mexicano.
“¿El derecho de las niñas y niños a que se sancione a todos los responsables de los daños que se les haya causado, únicamente se observa con penas de prisión elevadas, o bien, es posible alcanzar esa pretensión con penas de prisión ubicadas dentro de los márgenes que la ley indica y con una reparación del daño justa, pero sobre todo establecida con prontitud?”, cuestionó Pardo Rebolledo en su proyecto para atraer los amparos.
Por unanimidad de votos, el 3 de octubre del 2018, la Suprema Corte aceptó revisar los amparos contra las sentencias condenatorias de los 19 involucrados en el incendio y también analizar las exigencias de las familias de las víctimas.
En febrero de 2019 el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar anunció que sería el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el encargado de estudiar el asunto y formular proyectos de sentencia para presentarlos ante la Primera Sala y, si los ministros lo deciden, llevarlo al pleno.
Desde el 26 de febrero del año pasado, Gutiérrez Ortiz Mena quien fuera director del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y posteriormente nominado por el entonces presidente y elegido por el Senado como ministro tiene en sus manos el Caso ABC.
La pandemia por Covid-19 que ha azotado al país y congelado algunos procesos judiciales ha impedido que los proyectos sean concluidos y entregados a los ministros para su revisión por lo que se espera que antes de que acabe el año se discutan y se llegue a una conclusión.
A la par, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el responsable de analizar y formular los proyectos de sentencia sobre dos amparos relacionados con la reparación del daño que merecen las familias de las víctimas
En el proyecto de González Alcántara Carrancá, se plantea que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe establecer, de nueva cuenta, un monto para la reparación del daño que se debe otorgar por la violación en la que incurrieron instituciones del Estado mexicano.
“A efecto de cuantificar estos montos por indemnización, debe dejarse a salvo la competencia de los órganos estatales a quienes se les encuentra legal y constitucionalmente conferida la realización de esta tarea”, señala la propuesta.
Como adelantó El Sol de México, el ministro expone que el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes sólo están facultados para ordenar a la autoridad responsable, en este caso la CEAV, a realizar el análisis y consecuente cálculo, toda vez que es una cuestión exclusiva de su jurisdicción.
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