La agenda del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, revela que la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) comenzó a fraguarse al menos 20 meses antes de aquella noche del 10 de octubre de 2009, cuando elementos de la Policía Federal irrumpieron en las instalaciones de la empresa en la zona de Circuito Interior y Marina Nacional en la Ciudad de México y, de manera simultánea, en Hidalgo, Morelos y Puebla.
El ex funcionario, preso hoy en Estados Unidos acusado de narcotráfico, acudió el 3 de marzo de 2008 a la Residencia Oficial de Los Pinos a una reunión convocada por el entonces secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, para tratar el tema de la compañía que por 106 años comercializó energía eléctrica en la zona central del país y que el ex presidente Felipe Calderón extinguió por decreto.
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“Reunión sobre el Tema Luz y Fuerza del Centro. Lugar: Residencia Oficial de los Pinos. Evento convocado por el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos”, dice la agenda privada del ex secretario de Seguridad que sus abogados presentaron ante un tribunal de Nueva York como parte de las pruebas para solicitar un nuevo juicio.
García Luna, quien fuera la mano derecha del ex presidente Calderón en la guerra contra los cárteles en el país, fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en febrero de 2023. A mediados de diciembre pasado, su equipo legal presentó nuevas pruebas que, aseguran, son suficientes para anular la condena y ordenar un nuevo juicio. La agenda del ex funcionario es parte de esa evidencia.
La reunión de García Luna sobre el tema de LyFC, el 3 de marzo de 2008, se llevó a cabo entre las 17:00 y las 18:30 horas, el mismo día que el entonces presidente Calderón realizaba una gira de trabajo por Tlaxcala.
Cuatro horas antes, el ex secretario de Seguridad se reunió con el Gabinete de Seguridad, también en la Residencia Oficial de Los Pinos, un evento que duró hora y media.
Entre ambas reuniones de seguridad, Genaro García Luna tuvo un encuentro privado y participó en el taller sobre el Registro Público Vehicular (Repuve), en el hotel Camino Real del Aeropuerto de la Ciudad de México, a donde llegó en helicóptero desde su oficina en la Avenida Constituyentes.
Ese día, en la capital del país la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de Oaxaca, marchó desde el Ángel de la Independencia hacia la sede central del organismo sindical y a la Secretaría de Gobernación, en la zona centro de la capital, lo que provocó congestionamientos viales.
Exactamente un año después, el 3 de marzo de 2009, García Luna volvió a la residencia de Los Pinos para participar en un plan de trabajo sobre el operativo que se llevaría a cabo siete meses después para tomar las instalaciones de LyFC y extinguir a la compañía.
“Reunión de trabajo sobre Plan Operativo de LyFC 2009. Lugar: Casa Miguel Alemán, Terraza I y II, planta alta, Residencia Oficial de los Pinos”, se lee en la agenda de García Luna, que era administrada por quien fuera su asistente principal entre 2005 y 2012 y quien testificó sobre el caso el 12 de diciembre en EU.
En dicha reunión estuvieron presentes además los titulares de las secretarías del Trabajo y de Energía (Sener), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y de la propia LyFC, Jorge Gutiérrez Vera.
La reunión duró de las 11:15 al mediodía, unos minutos después de un encuentro de dos horas que sostuvo García Luna con el Gabinete de Seguridad, ambos eventos tuvieron lugar en Los Pinos, nuevamente.
Poco más de siete meses después, el 11 de octubre de 2009, en una edición extraordinaria de fin de semana, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicaba el decreto por el que se extinguía el organismo descentralizado LyFC.
“El organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;”, indicó el documento firmado por el entonces presidente Felipe Calderón.
La noche del sábado 10 de octubre de 2009, previo a la publicación del documento en el DOF, elementos de la Policía Federal realizaron un operativo para tomar las instalaciones de LyFC en Circuito Interior y Marina Nacional, en la Ciudad de México, donde desalojaron a trabajadores e impidieron el acceso al personal que comenzaba su turno a las 23:00 horas de ese día.
El ex presidente Calderón explicó en un mensaje a la nación que la decisión de poner fin a LyFC se tomó con base en el Artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que establece la extinción de empresas públicas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulta conveniente al interés público.
“El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible, sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos (...) Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos”, justificó el ex mandatario.
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Casi 11 de años después de aquella decisión, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción contra varios ex funcionarios del gobierno de Calderón, entre ellos el propio ex mandatario, los entonces secretarios de Energía, Georgina Kessel, de Economía, Ruiz Mateos, y el propio García Luna, por actividades ilegales relacionadas con la extinción.
En noviembre del año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que dictó el no ejercicio de la acción penal en el caso por falta de evidencias en la investigación.
