MEDELLÍN, Colombia.- El proceso de paz colombiano está amenazado por el terrorismo de las narco guerrillas, el dinero ilícito de cárteles mexicanos y la oposición política interna a la reconciliación plena. En menos de un mes, todos estos factores se han detonado por obra de un frente disidente de las FARC, que asesinó a tres periodistas ecuatorianos y mantiene secuestrada a una pareja para presuntamente canjearla al gobierno de Ecuador por integrantes de su banda que se encuentran detenidos.
El pasado 26 de marzo, tres periodistas del diario El Comercio, de Quito, realizaban un trabajo sobre las consecuencias de los ataques registrados en la zona fronteriza con Colombia y las condiciones de vida de sus pobladores.
Javier Ortega, de 36 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, y el conductor Efráin Segarra, de 60 años, fueron interceptados por disidentes de las FARC en la parroquia de Mataje, cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.
Fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por el llamado Frente Oliver Siniestra, liderado por Walter Artízala, alias Guacho, que fue uno de los grupos guerrilleros de las FARC que no reconocieron los Acuerdos de paz de noviembre de 2016 con el gobierno, por lo que se negaron a devolver sus armas y a desmovilizarse.
OBJETIVOS DE ALTO VALOR
Conforme a lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos a periodistas reunidos en Medellín, la semana pasada, con motivo de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, en Tumaco, quedó a expensas de narcotraficantes y guerrilleros por obra de un acuerdo entre los gobiernos previos de ambos países, por el cual esa región dejó de ser fumigada a petición de campesinos ecuatorianos, que eran afectados por la lucha antinarcóticos colombiana.
El resultado fue un santuario para el cultivo de enervantes, que fue aprovechado por narcos y milicianos para crear ahí un corredor de trasiego de drogas, con salida al mar incluida.
“El general Guacho se quedó inducido por los narcotraficantes que veían esa movida de las FARC (el proceso de paz) como algo muy peligroso para su negocio, porque eso iba a significar que se iban a quedar sin esos corredores y sin esa producción. (…) Inclusive los carteles mexicanos, que están muy presentes, ven que una de sus principales fuentes del suministro de la cocaína se les está secando y por eso están pagando y están tratando de generar violencia, que es la forma como ellos responden a la acción de las autoridades”, mencionó el mandatario.
Y sembró una certeza: “lo que yo les puedo decir sin lugar a dudas, es que este individuo responsable de esos asesinatos va a caer. Ya lo elevamos a una lista que tenemos de objetivos de alto valor. Ningún criminal que ha llegado a esa lista está libre: o está en la cárcel o está dado de baja. Guacho va a caer; tarde o temprano, pero va a caer”.
En los hechos, ni la amplia experiencia del gobierno colombiano en el manejo de secuestros pudo evitar la ejecución de los periodistas.
“Me da pena decirlo, pero si de algo sabemos los colombianos es de secuestros. Llegamos a tener 3 mil 500 por año, 10 diarios. Nos hicimos expertos en negociaciones y creamos unidades especiales de inteligencia. (…) Hemos logrado vencer ese flagelo. Hoy tenemos la cifra más baja desde que se llevan los registros de secuestros en el país. En este año han sucedido ocho secuestros, una disminución del casi el 70% frente al año pasado”.
No bien se había conocido el asesinato de los comunicadores, cuando el mismo frente secuestró, del lado de Ecuador, el 17 de abril, a la pareja conformada por Katty Vanessa Velasco y Óscar Efrén Villacis, aparentemente ajenos al conflicto, para mantener rehenes con los cuales negociar con el gobierno ecuatoriano.
EL RIESGO DEL DESCONTROL
Estos actos coinciden con la publicación, este mes, del estudio “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, integrado por la Fundación Ideas para la Paz (Fipaz), que mapeó su presencia en los departamentos de Guaviare, Guainía, Nariño, Vichada, Vaupés, Caquetá, Chocó y Antioquia.
Los grupos más fuertes son el Frente 1 Armando Ríos y el Frente 7 que operan en los departamentos de Meta y Guaviare, que serían los responsables de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las FARC. Al sumar a los otros grupos rebeldes, el número total de guerrilleros activos ascendería a mil 200.
En el primer trimestre de 2018, los antiguos integrantes de ese grupo que decidieron no acogerse al acuerdo de paz cometieron por lo menos 46 acciones frente a las ocho del mismo periodo del año pasado, según el informe. Eso es una señal de que las disidencias, lejos de ser acorraladas por las fuerzas del Estado, se fortalecen con el tiempo y se corre el riesgo de que se salgan de control, concluye la fundación.
La otra guerrilla añeja, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dice buscar un diálogo de paz, pero con acciones armadas intermitentes que han impedido que haya avances de pacificación serios. Todas las treguas acordadas se rompen por acciones militares, lo que mete incertidumbre sobre la sinceridad de su disposición.
De hecho mantiene una guerra particular contra otra guerrilla, el Ejército Popular de Liberación (EPL), ésta de menor tamaño, en la zona conocida como Catatumbo, en el municipio de San Calixto, al norte del departamento de Santander. Apenas el miércoles pasado chocaron con un saldo de dos civiles heridos.
CASO SANTRICH, UN GALIMATÍAS
En ésas se estaba cuando el 9 de abril la Fiscalía colombiana ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por la Interpol contra Jesús Santrich, excombatiente y dirigente de las FARC, totalmente integrado al proceso de paz y electo legislador al Congreso Nacional, quien habría de tomar posesión el próximo 1 de julio de su escaño, electo por el Partido de la Rosa, que no es otra cosa que las FARC convertidas en partido político.
Estados Unidos lo responsabiliza de meter 10 toneladas de cocaína a su territorio. El caso es un galimatías para el gobierno colombiano, pues existe la amnistía para delitos cometidos antes del último día de diciembre de 2016, aunque no para los perpetrados con posterioridad. Santrich niega toda vinculación en esos hechos y no se sabe con exactitud la fecha de los delitos de que se le acusan.
Santos ha dicho que si fueron después de la amnistía, no le temblará la mano para extraditarlo a EU, pero el caso se está investigando y pone en riesgo todo el proceso de paz, ya que las FARC desmovilizadas rechazan ser narcotraficantes, pero la DEA dice contar con pruebas de lo contrario y espera cooperación diplomática de parte del gobierno colombiano.
Decida lo que decida, Santos quedará mal con alguna de las partes.
JUSTICIA TRANSICIONAL
El ascenso militar y mediático de las disidencias de las FARC y la detención de uno de los más destacados desmovilizados no son los únicos motivos de riesgo para el proceso de paz. También la oposición política interna tiene fuertes elementos de resistencia en la implementación de los acuerdos, sobre todo en el caso de la justicia transicional, que diluye crímenes en aras de la reconciliación nacional.
Concepto tomado del Tratado de Roma, pero nunca antes ejecutado en el mundo, el de justicia transicional pone en el centro de la solución de conflicto a las víctimas y su derecho a la verdad.
Santos apunta: “de hecho las víctimas lo único que quieren es que les digan la verdad, que se les repare, que se haga justicia, porque las víctimas no quieren impunidad y buscan la no repetición de los crímenes. Eso se puso como el corazón de la negociación.”
En Colombia fue la primera vez que dos partes en conflicto acuerdan una justicia y se someten a ella, lo que nunca había pasado en la historia de los conflictos armados del mundo.
En los hechos ya tiene las salas. Ya cuenta con magistrados nombrados por cinco organizaciones no gubernamentales. El objetivo es que todos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad pasen por la justicia transicional y los responsables sean juzgados, sancionados y condenados. Se busca que no haya impunidad.
“Resulta sin embargo que es una justicia diferente, es una justicia restaurativa más que punitiva. Y eso ha sido difícil para mucha gente entenderlo. ‘¿Cómo así que esos tipos que cometieron semejantes atrocidades van a ir tan poquito, 8 años, si dicen la verdad, a un sitio de restricción de su libertad? ¿y por qué no en una cárcel con barrotes y una pijama a rayas?’ Porque es una justicia restaurativa y no punitiva.
“Ha sido difícil venderle a la gente eso, pero es la forma como se puede lograr la paz. Inclusive es la forma como se pueden sanar las heridas: las víctimas, reparadas; los victimarios, sancionados. Esa es la forma de ir cerrando las heridas después de tanto, tanto dolor”, explica el mandatario, también Premio Nobel de la Paz.
De hecho, en octubre de 2016, un plebiscito popular votó por el “NO” al acuerdo de paz, justamente por lo controversial de perdonar crímenes de guerra, lo que fue ajustado en el tratado final que se firmó un mes después. Aun así todavía hay una gran porción de colombianos que no ven con buenos ojos el acuerdo de reconciliación y sus alcances.
Y dice estar consciente de que en todo proceso de paz suele haber más aprobación mundial que local, pero que eso es inevitable.
Platica que estuvo con el profesor Jared Diamond, premio Pulitzer por el libro Guns, Germs and Steel, que estudia los procesos de reconciliación de diferentes conflictos. En Alemania y el papel de Willy Brandt en la unificación alemana, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en Sri Lanka, en todas partes.
“Me dijo: mire, el que lidera el proceso de reconciliación o los que lo lideran, si son populares, es que la reconciliación va mal porque por definición la reconciliación es impopular. (…) Y es lo que se ve en una película maravillosa que se llama The Journey o The Voyage, sobre el proceso de paz de Irlanda del Norte. Estaban Ian Paisley, negociador del lado derecho y McGuinness, negociador del lado izquierdo. Y antes de firmar se dicen: ‘¿usted sabe que el mundo entero nos va aplaudir y nuestros compañeros nos va a odiar?’ Ambos dijeron que sí, se dieron la mano y ahí están los acuerdos, ya consolidados.”
APENAS AVANZAN
Las amenazas al proceso ya mencionadas operan en el momento en el que se ha llegado a la parte material y social de los acuerdos.
Juan Manuel Santos reconoce que apenas se ha cumplido el 20% del acuerdo de paz y que la gente quiere más rapidez. “Es que las carreteras no se construyen de un día para otro, los colegios tampoco, los hospitales tampoco, los países no se hacen de un día para otro. Solamente Dios pudo hacer el mundo en siete días”.
En su intervención ante los periodistas de la SIP el presidente colombiano defendió el proceso amenazado y la paz que se quiere sabotear por varios frentes:
“Este es un acuerdo que no se limitó a lo que llaman los ingleses el DDR: la desmovilización, el desarme y la reintegración de la guerrilla. No. Eso fue una parte importante que ya se cumplió, y se está cumpliendo en la reintegración. Este acuerdo tiene muchísimo más alcance porque tiene elementos de desarrollo, de presencia del Estado en esas vastísimas zonas del país que estuvieron durante 50 años abandonadas por el Estado, porque el Estado simplemente no podía llegar allá porque no controlaba el territorio.
“Y estamos haciendo algo muy importante que tiene que ver con este problema de la droga y es que estamos sustituyendo por primera vez los cultivos ilícitos con cultivos lícitos de forma voluntaria.
“El año pasado fue el año más tranquilo que hemos tenido desde que yo recuerde. Tuvimos las elecciones del Congreso más tranquilas en la historia. Las FARC, en lugar de estar saboteando las elecciones, fueron a depositar su voto. Las fotografías de los comandantes de las FARC depositando el voto después de haber entregado sus armas, es lo que resume el resultado de este proceso de paz. Para eso se hacen los procesos de paz. Para que cambien las balas por los votos, para que cambien la violencia por los argumentos”.
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