WASHINGTON, DC. Estados Unidos amenazó con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal toma acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán.
"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad de ser "ineficaz", "irresponsable" y "francamente peligrosa" para "Estados Unidos, Israel y otros aliados".
A inicios de noviembre de 2017, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda había anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.
En la víspera del aniversario de los ataques del 11 de setiembre de 2001 el presidente dirigió un mensaje "sin ambigüedad" a la corte: "Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima".
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso Afganistán.
Este órgano, con sede en La Haya, Holanda, respondió simplemente que "actúa estrictamente dentro del marco legal definido por el Estatuto de Roma" y que está "comprometida con el ejercicio independiente e imparcial de su mandato".
Las relaciones entre Washington y la Corte Penal con sede en La Haya, Holanda, han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
Bolton echó por tierra cualquier posibilidad de que avance la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de EU en Afganistán, especialmente por el abuso de detenidos.
También citó una acción reciente de los líderes palestinos para que funcionarios israelíes sean procesados en la CPI por violaciones a los derechos humanos.
"No cooperaremos con la CPI. No brindaremos asistencia a la CPI. Ciertamente no nos uniremos a la CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma", expresó.
"Si la Corte viene por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados", advirtió. "Para nosotros, la CPI está ya muerta", sentenció Bolton.
Según Liz Evenson, de la organización Human Rights Watch (HRW), estas "amenazas ilustran una falta de respeto por las víctimas de crímenes atroces".
De su lado, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) consideró que esta "amenaza sin precedentes" del gobierno Trump "aislará aún más a Estados Unidos de sus aliados más cercanos y dará comodidad a los criminales de guerra y regímenes autoritarios que intentan escapar de la justicia internacional ".
También cierra misión de Palestina
La amenaza de John Bolton contra la Corte Penal Internacional (CPI) coincidió con el anunció del gobierno de EU de cerrar de la misión de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington, aumentando la presión para que los palestinos entren en conversaciones de paz con Israel.
"Nosotros hemos permitido que la oficina de la OLP lleve a cabo operaciones que apoyen el objetivo de lograr una paz duradera y completa entre los israelíes y los palestinos desde la expiración de la dispensa anterior en noviembre de 2017", aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
"Sin embargo, la OLP no ha dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel", dijo. La decisión de EU se suma a la anulación de la ayuda bilateral de 200 millones de dólares, el corte de fondos a la agencia de la ONU que socorre a millones de refugiados palestinos y la supresión de la contribución de 25 millones de dólares a los hospitales palestinos de Jerusalén Este. Ayer, el número dos de la OLP, Saeb Erakat, había adelantado la decisión tomada por Estados Unidos, mientras el representante de los palestinos en Washington, Hosam Zomlot, dijo a periodistas en Ramala que Estados Unidos justificó el cierre de la representación de la OLP, en las gestiones palestinas para llevar a los líderes israelíes ante la justicia internacional por "crímenes de guerra".
El gobierno de Trump "concreta la lista de encargos solicitados por (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu", dijo Zomlot a periodistas en Ramala. "La lista incluye a Jerusalén, la cuestión de los refugiados, el derecho de retorno (de éstos), las colonias, (la Franja de) Gaza y la partición de ésta y de Cisjordania", añadió.
Erakat destacó por su lado que los palestinos no "sucumbirán ante las amenazas de Estados Unidos", ni en sus esfuerzos por juzgar los crímenes que consideran que han cometido los líderes israelíes, según un comunicado.
Lejos de ceder, los palestinos prevén redoblar sus esfuerzos contra Israel ante la CPI, advirtió el dirigente.
En 2015, el Congreso estadounidense ordenó en una ley que se cerrara la misión diplomática palestina en caso de que la OLP influyera en la apertura de una investigación contra Israel.
