La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investiga los presuntos actos de tortura de elementos ministeriales hacia una persona detenida en 2018, de acuerdo con la recomendación número 02/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

A través de un comunicado, el órgano procurador de justicia informó que investigará supuestos actos de tortura presuntamente atribuidos a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) por hechos suscitados en 2018, que fueron publicitados por la comisión.

“Dicha recomendación fue dada a conocer, por primera vez, a la opinión pública por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el día 13 de agosto del año en curso, no obstante, es necesario informar que ésta fue notificada el 17 de junio de 2024, y debidamente contestada en tiempo y forma a dicho organismo de Derechos Humanos desde el pasado 4 de julio del año en curso”, detalló la fiscalía.

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Asimismo, destacó que los hechos que derivaron en la recomendación 02/2024, se dieron tras la ejecución de una orden de aprehensión dictada por un juez en 2018, girada contra un presunto responsable de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad.

En ese sentido, puntualizó que no fue por una detención o confesión obtenida para su puesta a disposición de la autoridad judicial.

“Si bien se aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, no significa que se reconozca que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal hayan cometido tortura, sino que la aceptación implica que se inició una investigación para corroborar la veracidad de los hechos denunciados”, detalló.

A esto agregó que los diversos señalamientos publicitados por la Comisión Estatal del Derechos Humanos de Sonora fueron respondidos de manera puntual y del mismo modo, sin embargo, no todos los planteamientos efectuados por parte del organismo fueron aceptados plenamente por la Fiscalía.

Lo anterior, quedó de manifiesto en la respuesta dada al organismo que puede ser consultada en el portal institucional de la fiscalía www.fiscalia.sonora.gob.mx.

Por ello, será el Órgano Interno de Control como a la Visitaduría General, las áreas encargadas de determinar y en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan así como determinar las sanciones, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

Tres policías de Cajeme imputados por secuestro

Por otra parte, tres funcionarios públicos de Cajeme fueron imputados por los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada en contra de un hombre, identificado como César Alejandro N..

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que se formuló la imputación en contra de Roberto Javier “N”, de 43 años; Juan Carlos “N” de 52 y Gibrán Adrián "N", de 36 años de edad, por su probable responsabilidad por los delitos de secuestro y extorsión.

El trío de señalados figura en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Sonora como los presuntos responsables de los delitos anteriormente señalados, en contra de César Alejandro, por los hechos ocurridos en diciembre del 2021.

En aquella fecha, los imputados presuntamente llevaron a cabo la supuesta detención de la víctima por presuntos delitos patrimoniales, por lo que solicitar a la familia del afectado una suma de dinero para su liberación.

Asimismo, los sujetos están relacionados al servicio público, ya que Roberto Javier “N”, a la fecha de los hechos, fungía como elemento municipal, siendo en la actualidad inspector de Protección Civil para el Municipio de Cajeme, mientras que Gibrán Adrían “N” es elemento activo de la Policía Municipal en Ciudad Obregón, y por último, Juan Carlos “N” es elemento retirado de la misma corporación.

Los tres contaban con orden de aprehensión, girada por el juez de control correspondiente, dado que se logró acreditar su probable responsabilidad en dichos delitos, por lo cual fueron capturados en diversos puntos de Ciudad Obregón, por elementos ministeriales, quiene los turnaron ante la autoridad correspondiente.

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Mientras tanto, durante las audiencia iniciales se formuló la imputación por parte de la Fiscalía de Sonora, de manera que el juez resolvió imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar.

En ese sentido, dentro de las futuras audiencias, los tribunales serán los que determinen la situación jurídica del trío de sujetos involucrados en dichas acciones, mientras que la Fiscalía buscará la vinculación a proceso y una sentencia condenatoria para los sujetos

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