Por el delito de secuestro agravado y asociación delictuosa en contra de dos migrantes, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) obtuvo una pena de 124 años y tres meses de cárcel para tres individuos.
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Ramiro N, Jesús Uriel N, y Jesús Atiel N, de 26 y 27 años de edad, fueron presentados ante el Ministerio Publico, luego de prometerle a dos personas el sueño americano y privarlos de la libertad en la frontera de Sonoyta, donde exigieron a los familiares de las víctimas un pago a cambio de su libertad.
De acuerdo con las investigaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, los afectados lograron denunciar los hechos el 2 de mayo de 2019, lo que movilizó a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Las autoridades iniciaron con el operativo de búsqueda con la partición de los tres niveles de Gobierno, hasta que dieron con los perjudicados en la salida a San Luis Río Colorado, tratándose de dos hombres originarios del Estado de Campeche.
Al mismo tiempo, los imputados traban de cobrar la cantidad de 20 mil pesos en efectivo a las familias de los afectados, por lo que fueron buscados los secuestradores.
En las acciones la Policía Estatal, Policía Municipal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron al personal de la AMIC para dar con Ramiro N, Jesús Uriel N y Jesús Atiel N.
Los tres individuos fueron detectados en un vehículo Chevrolet Trail Blazer, cuando habían retirado el dinero, de este modo los agentes de la Fiscalía lograron su detención en flagrancia, sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Hidalgo.
Posteriormente, los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público para vincularlos a un proceso de prisión preventiva oficiosa, hasta iniciar el pasado 8 de octubre, cuando se presentaron testigos en contra de los sentenciados para que el juez pudiera dictar así una pena de 120 de cárcel por secuestro a cada uno y cuatro años y tres meses por asociación delictuosa.
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Además de una multa a pagar de 850 mil 391.85 pesos como reparación del daño, luego de llevarse el juicio en una sala de Puerto Peñasco, donde se presentó la evidencia necesaria por la FGJE.
