Por su probable responsabilidad por el delito de abuso sexual agravado y violación agravada cometidos en perjuicio de una menor de edad, Javier “N”, fue vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).
El hombre de 68 años comenzó una serie de abusos contra la víctima, de identidad reservada, en 2016 cuando esta contaba con 7 años y se repitieron hasta llegar a la violación en 2021, esto de acuerdo con los medios de prueba integrados por el Ministerio Público en la carpeta de investigación.
Los hechos ocurrieron en una vivienda de la comunidad de Huásabas, Sonora, y fueron cometidos por el presunto culpable, al contar con la confianza de la víctima por ser pareja sentimental de su abuela.
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La denuncia correspondiente se realizó en abril de 2024 y una vez enteradas las autoridades de lo sucedido, se iniciaron las acciones legales para la captura del señalado, realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) al dar cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un Juez.
Tras su captura, se formuló la imputación correspondiente y se vinculó a proceso, además se determinó por el Juez prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que Javier “N” fue internado en un centro penitenciario a la espera de que los tribunales determinen su situación legal.
Bajo el contexto de este tipo de delitos, recientemente se promulgó una reforma al Código Penal Federal para aumentar a casi 30 años de cárcel la pena por abuso sexual cuando se cometa contra un menor de 15 años, esto por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De igual forma se debe recordar que tras el incremento de violencia hacia niñas y mujeres durante el aislamiento provocado por la pandemia por Covid-19 en Sonora, el Congreso Local aprobó una iniciativa para garantizar mayores castigos en materia de delitos sexuales y acoso.
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La ley presentada en aquel momento por la diputada Marcia Camarena Moncada indica que los culpables deben ser castigados con penas de entre los cuatro a ocho años de prisión, así como pagar de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que corresponde a los 26 mil a 44 mil pesos.
Dicha pena de cárcel se aumentará una tercera parte de la prevista si la víctima es menor de 18 años, padece de alguna discapacidad o no tuviera la capacidad de comprender el significado del derecho.
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