La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa podría implicar una afrenta contra los Derechos Humanos, pues es una medida cautelar que debe utilizarse con cuidado, ya que vulnera la presunción de inocencia y satura el sistema penitenciario, consideró Krimilda Bernal Hoyos.
La directora del Observatorio Sonora por la Seguridad indicó que la discusión respecto a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, considerando delitos como narcomenudeo, extorsión y actividades ilícitas relacionadas con fentanilo, va en contra de lo planteado del Sistema Intermaricano de Derechos Humanos, la cual ya ha notificado a México para eliminar la figura de arraigo y modificar la prisión preventiva por varios motivos.
“Esta notificación fue por una resolución que se dio el 27 de enero del 2023, y previo a eso se había discutido desde Naciones Unidas que se debería sacar la prisión preventiva oficiosa como garantía de justicia porque pone en riesgo los derechos humanos de las personas, pues se están involucrando Fuerzas Armadas en investigaciones de delitos y demás, donde hay tendencia a torturas y procesos sin transparencia”, dijo.
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Asimismo, recordó que en México, el índice de impunidad es del 93.63%, de acuerdo con el reporte de México Evalúa, por lo que se vuelve necesario reflexionar sobre la figura de la prisión preventiva, pues muchas veces son personas de contextos vulnerables y empobrecidos los que prevalecen en cárceles a la espera de concluir con su proceso, lo que ha llevado a una saturación de las cárceles en el país.
“Hay un rápido crecimiento de población penitenciaria y esto se debe en principio a la prisión preventiva oficiosa, donde primero meten a las personas a la cárcel de forma preventiva y después averiguan qué pasó; y eso es una tendencia que se ha dado desde que existe esta figura. En los últimos años se ha vuelto más intenso este punitivismo, ya está llegando a l imaginario colectivo de que entre más cárcel y penas altas, es sinónimo de justicia, pero es lo contrario”, agregó.
Al respecto, Bernal Hoyos resaltó que la violencia e impunidad continúan a pesar de estas medidas, pues 7 de cada 100 casos que llegan a las fiscales estatales tienen una resolución, por lo que el acceso a la justicia queda rezagada junto con los Derechos Humanos.
“La prisión preventiva oficiosa se ha vuelto la regla cuando debería ser una excepción y debería ser usada de forma específica y con cuidado, nada más para contextualizar, forma parte de medidas cautelares y en nuestro país hay 14; estas son medidas preventivas que impone un juez para evitar que la persona imputada evada la justicia y ponga en riesgo a las víctimas o las pruebas de una investigación en curso”, puntualizó.
Las medidas preventivas son: presentación cada 15 días ante un juez para registro de control; pago de garantía económica; embargo de propiedad del imputado; inmovilización de cuentas bancarias; prohibición para salir del país o territorio donde se ubique el juez; vigilancia del imputado con personal de seguridad.
También está la prohibición expresa de acudir a ciertos lugares; prohibición expresa de acercarse a ciertas personas o víctimas; separación inmediata del domicilio; suspensión inmediata del cargo cuando sean servidores públicos; suspensión temporal de determinada actividad u oficio; colocación de brazalete electrónico; resguardo en su propio domicilio con vigilancia; así como prisión preventiva.
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En ese sentido, afirmó que el tiempo máximo para que una persona esté en prisión preventiva es de 6 meses, mientras que hay quienes llevan un año o más, por lo que en caso de aprobarse la ampliación, existe el riesgo de que las cárceles se desborden debido a la sobrepoblación.
“Considerar esto como buena opción para combatir el crimen, no lo es; para eso se necesitan investigaciones minuciosas, ver el fenómeno criminal como algo complejo, debe buscarse una estrategia de seguridad desde lo local, y el tema de la militarización del país es parte de una fórmula y estamos viendo como se militarizan prisiones y eso es peligroso, se vulneran los derechos humanos de las personas y el crimen se combate desde lo civil y lo local, para eso se necesita voluntad política, reducir la impunidad y seguir las recomendaciones internacionales”, concluyó.
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