CHIHUAHUA, Chih.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará hoy la audiencia pública para analizar el caso de los chihuahuenses Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, a quienes militares privaron de su libertad en el municipio de Buenaventura, el 29 de diciembre de 2009.

De acuerdo a información proporcionada por el abogado Carlos Spector, los testigos presenciales en esta audiencia son familiares de las tres personas desaparecidas.

De esta forma es como podrán declarar sobre los hechos y las violaciones a derechos humanos relacionados con el caso Alvarado, las acciones de búsqueda de sus familiares.

La desaparición de estas tres personas ocurrió en el ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura el 29 de diciembre de 2009. Nitzia Paola y José Ángel, quienes tienen como parentesco ser primos hermanos, se encontraban fuera de la casa de la suegra de José Ángel, cuando un grupo de militares arribó al lugar.

Los militares armados descendieron de vehículos oficiales y los subieron a la fuerza con rumbo desconocido.

Minutos después de la detención arbitraria de Nitzia Paola y José Ángel, un grupo de militares irrumpió de manera ilegal al domicilio donde se encontraba Rocío Irene y ahí provocaron destrozos, la detuvieron sin señalar motivos y la subieron a una camioneta cuyas características coinciden con las del evento en el que fueron detenidos anteriormente sus otros familiares.

“Es un caso emblemático del problema de la desaparición forzada en México, y es el primer caso que llega a la Corte Interamericana después del sexenio de Felipe Calderón. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que el culpable fue el Ejército y el Gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares y con todo lo que ha exigido la Corte”, señaló en entrevista vía telefónica el abogado Carlos Spector, quien tendrá la primera audiencia pública por la acusación contra el Ejército Mexicano de privar de la libertad a Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes.

Agregó que un dictamen de la Corte implicaría reparaciones y medidas cautelares y culpabilidad de los soldados involucrados.

Además de eso, dijo se trata de un caso emblemático porque enseña que el sistema en México no está capacitado para manejar las violaciones de derechos humanos masivas que existen y por eso la familia Alvarado tuvo que salir del país y venir aquí y pedir a la Corte Interamericana apoyo, pues la única justicia que han tratado de lograr es aquí.

Añadió que se trata de un caso que existe en todo el país, y el llegar a la Corte Interamericana representa por ende un avance en todo el país.

“De los 12 casos de asilo político que he ganado, la gran mayoría involucra al Estado mexicano, gobierno federal, estatal, o el Ejército, y muchas veces tratan de implicar solamente a los cárteles, pero realmente se ha visto que la gran mayoría está en manos del Estado, de un nivel de gobierno, y pensamos que va a surgir de una seguridad interna”, señaló el abogado.

Dijo que cuando llega el Ejército hay violencia porque no están entrenados para actuar como policías.

Es decir, esto es un ejemplo de lo que va a pasar con cualquier caso de seguridad política interior, que fue lo que sucedió en el caso Alvarado, llegó el Ejército, y el 29 de diciembre de 2009 arrestaron e interrogaron y torturaron a las personas; mataron a José Ángel, y le pegan, “y a través de los golpes murió y pensamos que se lo llevaron a las barrancas para ocultar el asesinato”, dijo.

El problema es que se les pasó la mano, matan a estas personas y desaparecen a los testigos y de esto se trata el caso, explicó

El testimonio actual empieza hoy a las 9 de la mañana y es en vivo, con el testimonio de la señora María Alvarado.

El caso marca una pauta importante porque es la primera vez en la historia que un grupo de provincia llega a la Corte Interamericana, “siempre han sido grupos de París, Nueva York, de la capital de México pero no de la provincia, y el dictamen será contundente, será la denuncia de falta de proceder de investigación del gobierno mexicano para investigar y proceder contra los culpables”.

El día 29 de diciembre del 2009, alrededor de las 20:00 horas en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, diez militares del Ejército mexicano uniformados y con cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder, subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza cuando se encontraban abordo de un vehículo tipo pick up afuera de la casa de la suegra de José Ángel. Posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes ubicado en la misma comunidad, entraron a la vivienda sin orden judicial, detuvieron y se llevaron a Rocío.

El 3 de febrero de 2010, Nitza logró hacer una llamada a una amiga aproximadamente a las 17:30 horas, Nitza Paola le dijo llorando “ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo”. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre diciendo que “ya había hablado”.

La familia acudió a denunciar los hechos en el fuero civil, en el ámbito federal, local y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin obtener respuesta, presentaron todas las denuncias en todas las instancias que existen en el Estado mexicano en búsqueda de justicia (31/12/2009 denuncia en Fiscalía General del Estado: AP 124/09, 04/01/2010: queja ante la CNDH:2/2010/108/Q 04/01/2010: queja operativo CCH: 886/09 06/01/2010: denuncia PGR. AP/PGR/CHIH/JUA/3634/2011).

Al acudir a las organizaciones sociales, estas enviaron el caso al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, solicitaron medidas cautelares para la protección de las denunciantes ante la CIDH; ante la continuidad de amenazas y atentados la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 37 beneficiarios de la familia Alvarado y presentaron el caso ante la CIDH el 26 de junio de 2011.

El 28 de junio del 2011, María de Jesús Alvarado, hermana de Nitzia Paola y prima de Rocío y José Ángel, acudió en compañía de las organizaciones representantes ante el Máximo Tribunal de las Américas y explicó ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José Costa Rica, el calvario de su familia en la búsqueda de justicia, las amenazas, atentados,persecución, hostigamiento y allanamientos ilegales, lo que ha causado desplazamiento y empobrecimiento.

El 30 de junio de 2011, la CNDH emitió la recomendación 43/2011 concluyendo que existen elementos suficientes para atribuir la desaparición forzada a los militares.

Las organizaciones sociales representantes de las víctimas, en sus alegatos ante la CIDHconsideraron que hay y hubo falta de investigación efectiva y debida diligencia respecto a los hechos; alegando además que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en prejuicio de los familiares de las víctimas.

Tras analizar el caso, la CIDH decidió admitir el caso, al considerar que los hechos expuestos caracterizan posibles violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y a la Convención de Belém do Pará, así mismo publicaría e incluiría dicho caso en su informe para la Asamblea General de la OEA, según el informe 48/13.

Desde marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares (MC 55-10) a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, requiriendo al Estado mexicano informara sobre su paradero, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encontraban. Asimismo, le solicitó informar de las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y lograr su esclarecimiento.