TOLUCA. A lo largo de tres décadas, la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal ha pasado por diferentes etapas y avances, particularmente en lo que corresponde a las leyes que rigen a los servidores públicos.
En entrevista con El Sol de Toluca, Javier Vargas Zempoaltecatl, titular de la dependencia, consideró que los dos últimos años han sido determinantes para el avance de las tareas que deben llevar a cabo, esto representa un verdadero reto, concretamente a la implementación del Sistema Anticorrupción, el cual en este momento se encuentra en pleno periodo de consolidación.
Presentan plataforma de anticorrupción
El funcionario subrayó que dicho rubro ha colocado a la entidad como referente nacional y a la vanguardia, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción se rige por leyes generales, y con ello se deben seguir los lineamientos que establece en los ámbitos locales.
Cabe señalar que hace dos años se llevó a cabo la reforma constitucional, así como la expedición de leyes reglamentarias, por lo que cuando comenzó la presente administración estatal el marco jurídico ya se encontraba establecido.
Ante estos cambios, la Secretaría de la Contraloría efectuó una reestructura administrativa muy importante, cuyo resultado se materializó el 22 de noviembre del año pasado.
“Dimos un giro de 180 grados para hacerle frente al nuevo marco jurídico, y con ello creamos diferentes unidades administrativas, sin que esto implicará la canalización de recursos económicos adicionales, porque utilizamos las unidades administrativas que ya existían y reacomodamos funciones, y también asignamos nuevas atribuciones”, indicó.
Además, sostuvo que en el pasado una misma autoridad podía realizar una auditoría, investigaba, efectuaba un procedimiento y sancionaba, sin embargo, el nuevo marco jurídico estableció que esto ya no podía ocurrir, por lo que ahora también se distinguen faltas administrativas entre las graves y no graves.
De esta forma, las faltas consideradas graves se encuentran vinculadas o identificadas con hechos de corrupción, entre las que destacan: el soborno, cohecho, desvío de recursos y abuso de poder, los cuales ya no corresponden únicamente a servidores públicos, sino a particulares.
En este caso, corresponde a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo la auditoría, la investigación, iniciar el procedimiento e integrar el expediente, pero el único facultado para sancionar es el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Estamos viviendo una etapa muy importante, porque anteriormente era la misma dependencia la responsable de iniciar los procedimientos e imponer sanciones, por lo que éramos juez y parte”, expresó el titular de la Contraloría.
Con esto, al interior de los órganos internos de control de cada dependencia y organismo auxiliar ya operan las áreas de auditoría y de investigación.
OTRO RETO
Vargas Zempoaltecatl apuntó que otro gran reto del nuevo marco jurídico se encuentra relacionado con el cumplimiento de una serie de compromisos derivados de convenciones y tratados internacionales de los cWuales forma parte el país, lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Con todo ello ya no podemos estar concentrándonos en sancionar a los servidores públicos, sino que debemos ir más allá, por lo que estamos dándole prioridad a la parte de la prevención”, abundó.
Para ello, el funcionario estatal señaló que han cambiado el perfil del servidor público tradicional, llevando a cabo una sensibilización en valores y servicios a través de la ética e integridad del servicio público.
De esta forma, se expidió el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo, dando cumplimiento a las directrices que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2018.
En este contexto, aseveró que se encuentran en la expedición de los Códigos de Conducta para que vayan acordes a la materia que están desempeñando los diferentes sectores: educativo, salud y obra pública, instalando en cada uno de ellos los comités de ética.
Detalló que la propia Ley General de Responsabilidades, que entró en vigor en 2017, obliga que los titulares de los órganos internos de control no permanezcan en este sitio bajo criterios subjetivos, sino que se establezca una metodología y evaluación por parte del Instituto Hacendario de la entidad (IHAEM) para seleccionar a los más aptos.
Posteriormente, los interesados pasan a una segunda etapa para aprobar un Examen de Control de Confianza por parte de la Secretaría de Seguridad, la cual se basa en un estudio sicométrico y sicológico.
“Diseñamos un sistema para llevar a cabo dos evaluaciones para quienes pretenden ocupar un cargo, no solamente de titular, sino de responsables de las áreas”, externó.
Aunque no precisó el porcentaje exacto, el secretario de la Contraloría dijo que la mayor parte de los titulares ha permanecido en su cargo.
Aunado a esto, les han impartido cursos constantes de actualización, por lo que en agosto comenzaron con la maestría en Contraloría Gubernamental por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que es la primera en su tipo a nivel nacional.
