TIJUANA.- Autoridades municipales, estatales y de migración no han recibido recursos ni instrucciones para atender a los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, país que acordó con México enviar a los sudamericanos que hayan entrado de manera ilegal a nuestra nación.
Mientras, los gobiernos de México y Guatemala acordaron hacer un despliegue militar en su frontera común para evitar la migración de indocumentados.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la conferencia matutina de ayer que la Federación apoyará a los venezolanos, y afirmó que se encuentran 140 mil en el país.
“Es un procedimiento que lleva tiempo. Nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como lo hacemos con albergues, alimentación, atención médica. (...) Es una cuestión humanitaria; no podemos darle la espalda al que sufre.
México es un país fraterno, solidario”, pero no se especificó si otorgará recursos.
Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que nuestro país les dará las oportunidades que los venezolanos deportados necesiten, tal como lo dijo Marcelo Ebrard el jueves.
Tras la declaración del Presidente, las autoridades municipales de las ciudades fronterizas en el norte y en el sur del país afirmaron que continúan en espera de recursos e instrucciones para responder a esta emergencia.
Las alcaldesas de Mexicali y Tijuana, Baja California, aseguraron que no cuentan con recursos, ni espacio para atenderlos, pero que buscarán alguna ubicación en caso de ser necesario, ya que el flujo de migrantes es deportado desde San Diego por la garita de Tijuana.
Las autoridades de Baja California y de Tijuana están preparadas para habilitar el primer albergue que recibirá a los venezolanos retornados de Estados Unidos por el cruce fronterizo El Chaparral, informó Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana. “Estamos esperando el apoyo del Gobierno federal para poder comenzar operaciones”, señaló.
El edil de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, comentó que el Cabildo tendría que autorizar presupuesto para atender a los venezolanos deportados, pero consideró que el Gobierno federal tiene la capacidad para atender este asunto.
La delegada de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Thalía Forbes, comentó que hasta el momento no cuentan con ningún tipo de apoyo en caso de que se presenten las deportaciones de venezolanos por esta frontera. “No hay respaldo económico para hacer frente a esa situación, pero tampoco se descarta, aunque tenemos que esperar lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si él estipula que debemos entregarle algún apoyo se va a implementar para dárselos”.
Óscar Ibáñez, representante en la zona norte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, destacó que es responsabilidad del Gobierno federal la atención a migrantes. “Esta es una reacción emergente, temporal (abrir un albergue operado por municipio y el estado), la responsabilidad es del Gobierno Federal”.
Al sur, alcaldes de Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Unión Juárez señalan que no cuentan con los suficientes recursos para hacer frente a un problema migratorio tan complejo y han hecho alianzas con los gobiernos federal y estatal, así como con agencias internacionales y organismos sociales como Acnur, OIM y la ONU.
La edil de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, dijo que se encuentra trabajando con los gobiernos del presidente López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón para una atención integral y con pleno respeto a los derechos humanos para la población migrante y refugiada.
La alcaldesa de Suchiate, Sonia Aloína Hernández, dijo que ha pedido en más de una ocasión la ayuda al Gobierno Federal para atender el fenómeno migratorio en este municipio, por donde ingresan un promedio de 300 a 500 migrantes diarios.
Ayer las autoridades de México y Guatemala acordaron desplegar militares para reforzar la seguridad de los límites de la frontera sur entre ambos países para evitar el ingreso masivo de migrantes.
Fuentes de la Guardia Nacional aseguraron que se desplegarán aproximadamente dos mil elementos entre marinos, soldados, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y policías municipales y estatales en 19 puestos de control, siete fijos y 12 provisionales, en 300 kilómetros de carretera desde Tapachula, Chiapas, hasta Tepanatepec, Oaxaca
Sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México, Human Right Watch (HRW) acusó a ambos países de violar el Derecho Internacional por su la política migratoria que permite a Washington deportar a México a los migrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente a su territorio.
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En su visita a Coahuila, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó que el tema migratorio no debe verse en un contexto político, como sucede en su país, sino más bien debe tratarse como un desafío común. “Hay personas en mi país que hacen mucha política de los migrantes y eso no se debe hacer, sino que esto se tiene que resolver y eso es una prioridad que se tiene que atender bien”.
Con información de Mariela Macay / El Sol de Tampico, Víctor Cubillas/Tribuna de San Luis, Yerson Martínez/ La Voz de la Frontera, Eduardo Jaramillo Castro/El Sol de Tijuana, Alejandro Gómez / Diario del Sur y Juan Manuel Contreras/ El Sol de La Laguna
