CAMPECHE. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche (SPSC) suspendió laboralmente a otros 25 policías de los más de 800 que se mantienen en protesta para exigir la destitución de su titular Marcela Muñoz Martínez por considerarla responsable del operativo fallido del 15 de marzo que dio como saldo al menos 50 personas heridas.
Este martes, los 25 elementos suspendidos fueron notificados, y quedan otros 20 por avisar, a quienes les fueron retenidos sus pagos mientras la dependencia resuelve su situación laboral.
Ante esa situación, Ricardo Medina Farfán, uno de sus asesores jurídicos de los policías, quien es diputado y candidato a la alcaldía de Campeche por la coalición PRI-PRD, tramitó dos amparos para proteger alrededor de 800 elementos de seguridad incluidos los 25 suspendidos y los siete que fueron despedidos desde hace un mes.
“Se presentaron nuevos amparos e incidentes de violación a las órdenes dadas por el juez federal a las autoridades del Gobierno del Estado de Campeche como una forma de intimidar y de dar malos tratos a los elementos por la retención de sus salarios, por lo que seguiremos firmes a su lado”, comentó Medina Farfán.
José Francisco Hau Euán, uno de los afectados con la falta de pagos, dijo que ha habido una paulatina disminución en la cantidad de policías inconformes ya que 15 de los casi 90 a quienes no se les había pagado la quincena del pasado 15 de mayo, se pusieron a la orden de los altos funcionarios de la SPSC para evitar ser suspendidos.
Cabe recordar que además de los que no cobran sus salarios desde el pasado 15 de mayo pasado, más de 800 policías reciben pagos pausados desde hace más de un mes por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.
Los inconformes anunciaron que el próximo 1 de junio, familiares y simpatizantes del movimiento realizarán una nueva marcha de protesta contra Muñoz Martínez y la gobernadora Layda Sansores San Román.
Hasta la fecha, tres marchas multitudinarias se han realizado en la capital del estado en apoyo a los elementos de seguridad, mientras que quienes no han cobrado su última quincena, incluyendo despedidos y suspendidos se han manifestado en Palacio de Gobierno estatal, en la Secretaría de Administración y Finanzas (Seafi), en la Comisión de Derechos Humanos (Codhecam) y en la Fiscalía Anticorrupción.
Seis de los siete despedidos han acudido en busca de apoyo a la Presidencia de la República, a las cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El pasado 15 de marzo, elementos de la policía resultaron heridos en un operativo para trasladar a varios reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) San Francisco Kobén a otro penal, lo que terminó en una agresión de los internos a los uniformados, quienes fueron enviados sin equipo y se puso en riesgo su vida.
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